La administración Trump ha defendido el programa como una medida necesaria para aumentar la eficiencia gubernamental y reducir el tamaño del gobierno federal.
El presidente Mulino ha reiterado que la Constitución panameña y las leyes que rigen el canal prohíben cualquier exención de peajes sin la debida aprobación legal.
Organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes han intensificado sus esfuerzos para brindar apoyo y asesoramiento legal a las familias afectadas.
El 2 de febrero de 2025, los empleados de USAID en Washington D.C. fueron instruidos a permanecer en casa debido al cierre inesperado de la oficina principal.