blujournalEn una medida sin precedentes, la administración del presidente Donald Trump ha propuesto una oferta a los empleados federales: aquellos que presenten su renuncia antes del 6 de febrero continuarán recibiendo su salario y beneficios hasta el 30 de septiembre. Esta iniciativa busca reducir la nómina gubernamental y alinear al personal con las prioridades de la actual administración.
La oferta se enmarca en una serie de decretos ejecutivos emitidos recientemente. Uno de ellos pone fin al teletrabajo en la administración pública, exigiendo el retorno al trabajo presencial a tiempo completo. Otro restablece la categoría laboral conocida como «Esquema F», que clasifica a ciertos empleados federales de manera que carecen de las protecciones laborales habituales, facilitando su destitución.
La administración ha comunicado a los empleados federales, recordándoles la nueva obligación de trabajo presencial y ofreciendo una salida para aquellos que prefieran no adaptarse a estos cambios. El mensaje señala: «Si decide no continuar en su rol actual en la fuerza laboral federal, le agradecemos su servicio a su país y se le proporcionará una salida digna y justa del Gobierno federal utilizando un programa de renuncia diferida». Este programa está disponible desde el 28 de enero hasta el 6 de febrero.
La oferta actual de ocho meses de indemnización es inferior a la propuesta durante la campaña por Elon Musk, director del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), quien sugirió indemnizaciones de hasta dos años para reducir la plantilla gubernamental. La administración justifica estas medidas argumentando la necesidad de mejorar la eficiencia gubernamental y alinear al personal con las prioridades actuales.
Estas acciones han generado preocupación entre diversos sectores, que las interpretan como un intento de purga partidista dentro de la administración pública. La destitución de inspectores generales y fiscales, así como la suspensión de funcionarios en áreas que han sido desmanteladas, refuerzan estas inquietudes. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió las decisiones, afirmando que el presidente tiene la autoridad ejecutiva para realizar estos cambios.
La comunidad internacional y diversos analistas políticos observan con atención estas medidas, evaluando su impacto en la estructura gubernamental y en la moral de los empleados públicos. La oferta de indemnización y las reformas propuestas podrían transformar significativamente el funcionamiento interno del gobierno federal en los próximos meses.
