blujournalLa administración de Donald Trump ha anunciado la agilización del proceso de permisos para un proyecto de minería de uranio en Utah, reduciendo el tiempo de revisión a solo 14 días. Esta medida ha generado controversia entre los defensores del medio ambiente, quienes advierten que el proceso acelerado podría causar daños irreparables a los recursos hídricos y perjudicar a la comunidad indígena Navajo.
Un permiso en tiempo récord
Los permisos para proyectos mineros de gran envergadura suelen demorar años, ya que requieren estudios ambientales exhaustivos y consultas con la comunidad. Sin embargo, el gobierno de Trump ha implementado procedimientos de emergencia que permiten que el proyecto de la mina Velvet-Wood, ubicada en el condado de San Juan, se complete en solo dos semanas.
La compañía canadiense Anfield Energy, encargada del proyecto, ya ha extraído parte del mineral en el pasado. Según un análisis económico, la mina Velvet ha producido 400,000 toneladas de mineral, incluyendo 4.2 millones de libras de uranio y 4.8 millones de libras de vanadio, usado en la industria del acero y el almacenamiento de energía.
Preocupación ambiental y comunitaria
Lexi Tuddenham, directora de HEAL Utah, señaló que esta decisión socava la Ley Nacional de Política Ambiental, diseñada para garantizar evaluaciones objetivas y la participación pública. «Acortar el proceso elimina la posibilidad de que las comunidades afectadas expresen sus preocupaciones», afirmó Tuddenham.
La mina se encuentra en una región históricamente afectada por la minería de uranio, que ha dejado minas abandonadas y sin planes de limpieza, afectando especialmente a la comunidad Navajo. Además, la actividad minera podría alterar los acuíferos subterráneos, lo que pone en riesgo el ya escaso suministro de agua en la zona.
Emergencia energética: ¿justificación válida?
El Departamento del Interior justificó la aceleración del permiso bajo una emergencia energética nacional declarada por Trump al asumir el cargo. Según el secretario de Interior, Doug Burgum, el país enfrenta una crisis energética debido a las políticas climáticas anteriores y necesita medidas rápidas para asegurar su futuro energético.
No obstante, esta decisión ha provocado una batalla legal. Quince estados han demandado al gobierno, argumentando que la emergencia carece de fundamento y que el proceso rápido vulnera leyes ambientales fundamentales.
Aunque algunos sectores defienden la necesidad de agilizar permisos mineros para fortalecer la independencia energética, los riesgos ambientales y sociales plantean serias dudas sobre la validez de este procedimiento acelerado. El impacto en los recursos naturales y las comunidades indígenas será clave en los próximos debates legales.
