blujournalUna coalición de 20 fiscales generales estatales, liderada por California, presentó el martes dos demandas federales contra la administración del presidente Donald Trump. Las acciones legales impugnan la decisión del Gobierno de condicionar miles de millones de dólares en fondos federales a la cooperación de los estados con las políticas migratorias federales.
El origen de la disputa
La controversia se centra en nuevas directrices emitidas por los Departamentos de Transporte y de Seguridad Nacional, que exigen que los estados colaboren con las autoridades federales en la aplicación de las leyes de inmigración como condición para recibir fondos destinados a transporte, preparación ante desastres y otros programas esenciales. Según las demandas, esta medida representa una coacción inconstitucional que viola la autonomía estatal y excede la autoridad del Poder Ejecutivo.San Francisco Chronicle+1Reuters+1
El fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó: «El presidente Trump no tiene la autoridad para coaccionar ilegalmente a los gobiernos estatales y locales a usar sus recursos para la aplicación de la ley de inmigración federal, y su último intento de intimidarlos para que lo hagan es flagrantemente ilegal» .
Detalles de las demandas
Las demandas, presentadas en el tribunal federal de Rhode Island, argumentan que la administración Trump está utilizando fondos federales como herramienta para forzar a los estados a implementar políticas migratorias federales, lo cual consideran una extralimitación del poder ejecutivo. Los fiscales generales sostienen que el Congreso no autorizó tales condiciones para la distribución de fondos y que la administración está intentando imponer requisitos no legislados.
Entre los estados demandantes se encuentran Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Rhode Island y otros, todos liderados por fiscales generales demócratas. Estos estados argumentan que las nuevas condiciones ponen en riesgo la financiación de programas críticos que afectan la seguridad pública y la infraestructura.
Respuesta de la administración Trump
El Departamento de Seguridad Nacional, bajo la dirección de la secretaria Kristi Noem, defendió las nuevas políticas, argumentando que es razonable esperar que los estados cooperen con las leyes federales de inmigración si desean recibir fondos federales. La administración sostiene que los fondos no eben apoyar a jurisdicciones que obstaculizan la aplicación de las leyes migratorias.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, envió una carta el 24 de abril a varios estados advirtiendo que podrían perder fondos de transporte si no eliminaban políticas que, según la administración, benefician a inmigrantes indocumentados o promueven la diversidad, equidad e inclusión.
Implicaciones más amplias
Esta acción legal es parte de una serie de desafíos legales que los estados liderados por demócratas han presentado contra las políticas migratorias de la administración Trump. Anteriormente, una coalición de 22 estados demandó al Gobierno federal por intentar eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, argumentando que tal medida viola la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU..
Además, la ciudad de Nueva York presentó una demanda después de que la administración Trump revocara 80 millones de dólares en fondos destinados al sistema de asilo de inmigrantes, alegando que la acción fue ilegal y sin el debido proceso.
Las demandas presentadas por los 20 estados reflejan una creciente tensión entre el Gobierno federal y los estados sobre el control y la implementación de las políticas migratorias. A medida que estas disputas legales avanzan, es probable que los tribunales federales, y posiblemente la Corte Suprema, desempeñen un papel crucial en la determinación de los límites del poder ejecutivo y la autonomía estatal en asuntos de inmigración.
Equipo BLUJOURNAL
