blujournalLa Directora Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha despedido a dos altos funcionarios del Consejo Nacional de Inteligencia (NIC, por sus siglas en inglés) después de que este organismo publicara una evaluación que contradice la justificación legal del presidente Donald Trump para deportar a presuntos miembros de pandillas venezolanas.
Evaluación del NIC contradice afirmaciones de Trump
El NIC, que representa el consenso de las 18 agencias de inteligencia de EE. UU., emitió el 7 de abril una evaluación que desestima la afirmación de Trump de que el gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro, está coordinando con la pandilla criminal Tren de Aragua (TdA) para orquestar una «invasión» de Estados Unidos. El informe concluye que, aunque existen contactos menores entre funcionarios de bajo nivel del régimen de Maduro y miembros del TdA, no hay evidencia de una dirección o coordinación oficial por parte del gobierno venezolano.
Esta evaluación contradice directamente la justificación de Trump para invocar la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, utilizada en marzo para deportar a cientos de inmigrantes venezolanos sin el debido proceso legal. La ley, raramente utilizada desde la Segunda Guerra Mundial, permite la deportación de ciudadanos de países enemigos durante tiempos de guerra, una condición que no se aplica a la situación actual con Venezuela.
Despidos y acusaciones de politización
Tras la publicación del informe, Gabbard despidió a Michael Collins y Maria Langan-Riekhof, altos funcionarios del NIC responsables de la evaluación. Gabbard acusó a los funcionarios de proporcionar «inteligencia sesgada» y criticó a los medios de comunicación por lo que describió como informes motivados políticamente.
La decisión de Gabbard ha generado preocupación entre legisladores y exfuncionarios de inteligencia, quienes advierten sobre la politización de las agencias de inteligencia. El representante Jim Himes expresó su inquietud por la amenaza que esto representa para la naturaleza apolítica del trabajo de inteligencia.
Reacciones y consecuencias legales
La administración Trump ha enfrentado desafíos legales por su uso de la Ley de Extranjeros Enemigos. Dos jueces federales han dictaminado que la ley fue mal aplicada, señalando que las actividades criminales del TdA no constituyen actos de guerra o invasión. A pesar de estas decisiones, la administración ha continuado con las deportaciones, lo que podría resultar en procedimientos por desacato contra funcionarios de Trump.
Además, la negativa de Gabbard a desclasificar los hallazgos del NIC ha sido criticada por demócratas en el Congreso, quienes exigen transparencia sobre las supuestas conexiones entre el TdA y el gobierno venezolano.
Contexto y antecedentes
El TdA, originado como una pandilla carcelaria en Venezuela, ha expandido sus operaciones a nivel transnacional, involucrándose en delitos como secuestros y extorsiones en América Latina y Estados Unidos. Sin embargo, expertos señalan que el grupo carece de una estructura jerárquica clara y no opera bajo la dirección del gobierno de Maduro.
La decisión de Trump de designar al TdA como una organización terrorista extranjera y utilizar esa designación para justificar deportaciones masivas ha sido ampliamente criticada por expertos legales y de inteligencia. La mayoría de las agencias de inteligencia, con excepción del FBI, no encontraron evidencia que respalde la afirmación de que el TdA esté dirigido por el régimen de Maduro.
Los despidos en el NIC y las acciones de la administración Trump han generado un debate sobre la integridad y la politización de las agencias de inteligencia de EE. UU. Mientras tanto, las deportaciones continúan siendo objeto de litigios, y la comunidad internacional observa con atención las implicaciones de estas políticas en los derechos humanos y el estado de derecho.
Equipo BLUJOURNAL
