blujournalEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva con el objetivo de disminuir drásticamente la influencia del Departamento de Educación, devolviendo el control de las decisiones educativas a los gobiernos estatales y locales.
La medida, que ha sido una promesa recurrente de Trump desde su campaña electoral, busca limitar la intervención del gobierno federal en el sistema educativo. De acuerdo con una hoja informativa de la Casa Blanca, la iniciativa pretende “entregar la educación a las familias en lugar de a las burocracias”.
Reducción del Departamento de Educación, no su cierre total
Aunque la orden ejecutiva ha suscitado especulaciones sobre el posible desmantelamiento total del Departamento de Educación, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró que la agencia no será eliminada por completo, sino que se reducirá significativamente.
Según Leavitt, programas clave como las Becas Pell y los préstamos estudiantiles seguirán gestionados por el Departamento de Educación en Washington, D.C., mientras que la responsabilidad principal de la educación básica y secundaria volverá a manos de los estados. Esta iniciativa está alineada con la visión de Trump de reducir la centralización federal y fomentar una mayor autonomía estatal en materia educativa.
Críticas al estado del sistema educativo estadounidense
La administración Trump ha señalado repetidamente deficiencias en el sistema educativo de EE.UU. como justificación para esta medida. De acuerdo con datos de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP, por sus siglas en inglés), los resultados académicos de los estudiantes han mostrado un estancamiento en matemáticas y una disminución en comprensión lectora en los últimos años.
Además, una encuesta de Gallup publicada en febrero de 2025 reveló que solo el 24 % de los estadounidenses está satisfecho con la calidad de la educación en el país, una cifra considerablemente inferior al 37 % registrado en 2017.
Obstáculos legislativos y reacciones en el Congreso
Para concretar el cierre total del Departamento de Educación, sería necesaria la aprobación del Congreso, lo que requiere al menos 60 votos en el Senado. Actualmente, los republicanos cuentan con 53 escaños, lo que podría dificultar el avance de la medida por la vía tradicional.
Sin embargo, el representante Thomas Massie, republicano por Kentucky, ha propuesto utilizar el proceso de conciliación presupuestaria, que solo requiere 51 votos, para avanzar en el desmantelamiento del Departamento. Massie, quien ha sido un firme opositor a la existencia de la agencia, presentó en enero una propuesta legislativa para su eliminación completa para diciembre de 2026.
El senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana, también expresó su respaldo a la iniciativa, argumentando que el Departamento de Educación ha fracasado en su misión y que es necesario un enfoque diferente para mejorar la calidad educativa en el país.
Oposición de sindicatos y preocupaciones sobre el impacto en los estudiantes
Diversos sindicatos docentes han manifestado su oposición a la orden ejecutiva. Becky Pringle, presidenta de la Asociación Nacional de Educación, advirtió que la medida podría traer consigo un aumento en el tamaño de las clases, la reducción de programas de capacitación laboral y la eliminación de servicios esenciales para estudiantes con discapacidades.
Por su parte, Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, anunció que la organización impugnará la orden ejecutiva en los tribunales. “Nos vemos en la corte”, declaró Weingarten, señalando que más del 60 % de los estadounidenses, según una encuesta de NPR/PBS News/Marist, se opone a la eliminación del Departamento de Educación.
Reducción de personal y próximos pasos
En paralelo a la firma de la orden ejecutiva, el Departamento de Educación ha comenzado a implementar medidas para reducir su estructura administrativa y delegar más responsabilidades a los estados.
A medida que avanza este proceso, el futuro del Departamento de Educación dependerá en gran medida del debate legislativo y de la capacidad del gobierno federal para llevar a cabo los cambios sin afectar la calidad educativa en el país.
