En su plataforma de campaña, Donald Trump ha propuesto un ambicioso plan de recortes y redistribuciones en el gobierno federal, buscando desplazar una gran cantidad de empleos fuera del área de Washington D.C. hacia otras regiones del país. Este proyecto, conocido como «Agenda 47» y respaldado por el documento «Project 2025», contempla el traslado de alrededor de 100,000 empleados federales desde Washington D.C., Maryland y Virginia hacia otros estados. La medida ha suscitado preocupación en diversos sectores, debido a los efectos económicos y operativos que podría tener en el funcionamiento del gobierno federal y en las economías locales, especialmente en áreas dependientes del empleo federal, como Virginia del Norte y Hampton Roads.
Efectos en las Economías Locales y la Eficiencia Gubernamental
Senadores como Mark Warner han advertido sobre el impacto negativo que esta política tendría en Virginia, un estado con una gran concentración de trabajadores federales y contratistas que dependen del gobierno. Warner calificó la posible medida como “desastrosa”, subrayando que Virginia perdería una fuerza laboral cualificada que ha trabajado durante décadas en agencias federales, y que dicha reubicación no sólo afectaría la estabilidad laboral, sino que también provocaría una disminución en la eficiencia gubernamental. Además, la reactivación de la “Schedule F”, una orden ejecutiva de Trump de 2020 que permite eliminar protecciones laborales de empleados de carrera, aumentaría la posibilidad de despidos, promoviendo una plantilla de empleados leales al partido en lugar de profesionales con experiencia.
Impactos en Agencias Clave
Project 2025 también propone cambios significativos en la estructura de varias agencias, como la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Bajo este plan, se trasladarían oficinas de agencias como BLM a estados del oeste para “acercarlas a las áreas de gestión de tierras”, aunque críticos argumentan que esto generaría ineficiencias, ya que gran parte del personal necesario ya opera en las zonas afectadas. En el caso de la EPA, el proyecto busca reducir sus funciones reguladoras y recortar fondos para investigaciones medioambientales, lo que podría afectar la calidad del aire y del agua en el país, y dificultar la lucha contra el cambio climático.

Respuestas y Reacciones
A medida que se acerca la posibilidad de una nueva administración de Trump, surgen múltiples iniciativas legislativas para proteger a los empleados federales de estos posibles cambios. El senador Warner y el congresista Gerry Connolly han introducido proyectos de ley que buscan limitar la reimplementación de la Schedule F, argumentando que estas políticas degradan la profesionalidad y estabilidad del servicio civil. Otros críticos señalan que los traslados forzosos y recortes pueden desestabilizar operaciones esenciales, reduciendo la efectividad de las agencias federales al alejar a los empleados de los centros de toma de decisiones en Washington D.C..
En resumen, la política de recortes y reubicaciones de la administración Trump podría transformar drásticamente la administración pública estadounidense, trasladando empleos, reduciendo la protección de trabajadores y reorganizando agencias clave, lo que podría afectar tanto la economía local de regiones como Virginia, como la capacidad del gobierno federal para operar de manera eficaz.
Fuente de articulo en ingles: Virginia Business – ProPublica