blujournalMás de un millón de personas que entraron legalmente a EE.UU. pierden su estatus migratorio tras endurecimiento de políticas bajo la Administración Trump
Por BluJournal | Actualizado en junio de 2025
Bajo la presidencia de Donald Trump, más de un millón de inmigrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos han perdido su estatus migratorio. Te explicamos cómo las nuevas políticas migratorias están creando una nueva ola de indocumentados en EE.UU.
Una política migratoria que revierte protecciones legales
La Administración del presidente Donald Trump ha intensificado su agenda migratoria en 2025, y uno de los efectos más alarmantes es que más de un millón de inmigrantes que llegaron legalmente a Estados Unidos hoy están siendo considerados indocumentados por el propio gobierno federal.
Según organizaciones de derechos civiles y abogados de inmigración, el endurecimiento de políticas hacia ciertos programas migratorios temporales ha transformado a miles de residentes legales en blanco de deportación.
TPS, DACA y parole humanitario: en la mira de la Casa Blanca
Los principales programas afectados son el Estatus de Protección Temporal (TPS), DACA y el parole humanitario otorgado a ciudadanos de países como Venezuela, Haití, Nicaragua, Cuba y Ucrania. Muchos beneficiarios de estos programas han visto expirar sus permisos o enfrentar nuevas restricciones para renovar sus documentos, mientras la Casa Blanca intensifica su discurso sobre “restaurar la soberanía migratoria”.
- El programa TPS, que protege a inmigrantes provenientes de países con desastres naturales o conflictos armados, ha sido reducido drásticamente. En 2025, la administración ha cancelado o limitado renovaciones automáticas, dejando a cientos de miles sin estatus legal vigente.
- Los beneficiarios de DACA —el programa para jóvenes traídos al país en la infancia— enfrentan nuevas trabas legales y administrativas que bloquean renovaciones, a pesar de fallos judiciales que permitían su continuidad.
- El parole humanitario, una política de alivio temporal impulsada por la administración Biden, ha sido prácticamente desmantelado por Trump, con revocaciones masivas de permisos otorgados desde 2022.
“El gobierno nos está convirtiendo en ilegales”
Organizaciones como el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes denuncian que la administración está aplicando tácticas burocráticas para forzar la irregularidad migratoria y después justificar redadas y deportaciones.
“El gobierno nos está convirtiendo en ilegales. Esto no es inmigración desordenada: es una estrategia deliberada para eliminar cualquier protección temporal”, afirma Ana Castillo, activista hondureña beneficiaria del TPS desde 2014.
El impacto en la comunidad latina
Los latinos —que representan la mayoría de los beneficiarios de estos programas— son los más afectados por esta ola de “ilegalización administrativa”. Según datos del Migration Policy Institute, 7 de cada 10 personas que han perdido su estatus legal en 2025 son de origen latinoamericano.
Los sectores más golpeados incluyen trabajadores agrícolas, empleados del sector hotelero y de servicios, muchos de los cuales contribuyen activamente a la economía pero hoy viven en el temor de una redada de ICE.
Reacciones políticas y legales
En el Congreso, legisladores demócratas han denunciado esta política como una forma de “deportación silenciosa”. El senador demócrata por California, Alex Padilla, acusó al gobierno de “crear una crisis migratoria artificial” para justificar más recursos para detenciones y deportaciones masivas.
Mientras tanto, demandas legales se multiplican en tribunales federales para frenar la cancelación de permisos y restaurar protecciones legales a los afectados.
¿una nueva era de indocumentación forzada?
La estrategia migratoria de Trump en su segundo mandato parece enfocada no solo en impedir nuevas entradas al país, sino también en revocar los derechos adquiridos por inmigrantes legales, ampliando así el número de personas consideradas indocumentadas dentro del territorio estadounidense.
Esta tendencia preocupa a defensores de derechos humanos, expertos legales y líderes comunitarios, quienes advierten que estamos entrando en una nueva era de exclusión legal, con consecuencias devastadoras para millones de familias latinas.
