blujournalWASHINGTON D.C. — Un juez federal de New Hampshire emitió este martes una orden judicial temporal contra la nueva política impulsada por el presidente Donald Trump que busca restringir el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
La decisión llega tras la certificación de una demanda colectiva presentada por organizaciones defensoras de los derechos de inmigrantes. Según la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema, este tipo de medidas cautelares a nivel nacional sólo pueden aplicarse en casos limitados, como una acción colectiva debidamente aprobada, como ocurrió en este caso.
¿Qué busca la política de Trump?
La administración Trump ha renovado sus esfuerzos para limitar el acceso automático a la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes nacidos en el país, una medida que podría afectar directamente a la comunidad latina, que representa más del 25% de los nacimientos en Estados Unidos, según datos del Pew Research Center.
El presidente ha argumentado repetidamente que la Enmienda 14 de la Constitución ha sido malinterpretada y que el derecho a la ciudadanía automática no debería aplicarse a hijos de padres que no son ciudadanos o residentes permanentes legales.
La respuesta judicial: un freno basado en la ley
En su fallo, el juez federal sostuvo que los demandantes tienen fundamentos legales sólidos para argumentar que la medida viola la Constitución de EE.UU. y genera un daño irreparable.
“Las garantías constitucionales no pueden ser suspendidas por órdenes ejecutivas”, afirmó el juez en su escrito.
Esta decisión no anula la política de forma definitiva, pero impide su implementación mientras se resuelve el litigio principal.
Implicaciones para los latinos en EE.UU.
De aplicarse, la política de Trump afectaría a miles de familias latinas, muchas de las cuales tienen hijos nacidos en suelo estadounidense que, hasta ahora, han sido considerados ciudadanos por derecho. La comunidad latina, históricamente afectada por políticas migratorias restrictivas, observa con preocupación este nuevo intento de modificar uno de los pilares del sistema constitucional estadounidense.
“Estamos hablando del futuro de nuestros hijos. Este intento de cambiar las reglas del juego pone en riesgo décadas de derechos adquiridos”, declaró Maribel Hernández, activista de la organización Familias Unidas por la Justicia.
El contexto legal y político: una batalla que apenas comienza
El fallo se da en medio de una creciente oleada de decisiones judiciales que están desafiando las políticas migratorias de Trump en su segundo mandato. Desde que asumió de nuevo la presidencia en enero, Trump ha intensificado sus esfuerzos para restringir la inmigración legal y reducir los beneficios a familias de origen inmigrante.
Este nuevo capítulo se suma a un historial de enfrentamientos legales entre la Casa Blanca y los tribunales federales por temas migratorios, desde la política de “tolerancia cero” hasta los vetos migratorios por nacionalidad.
¿Qué viene ahora?
El caso continuará en las cortes y podría escalar hasta el Tribunal Supremo. Por ahora, el acceso a la ciudadanía por nacimiento sigue vigente, pero el debate constitucional está más vivo que nunca.
La comunidad latina en EE.UU., junto con organizaciones de derechos civiles, prepara nuevas estrategias legales y sociales para defender uno de los derechos más fundamentales del país: nacer en Estados Unidos y ser reconocido como ciudadano.
Equipo BLUJOURNAL
