blujournalLa medida amenaza el sustento de más de 49,000 contratistas, muchos de ellos latinos, afroamericanos y mujeres emprendedoras en todo EE.UU.
El gobierno de Trump impulsa la eliminación de un programa federal de acción afirmativa del Departamento de Transporte, valorado en $37,000 millones, que ha sido esencial para empresas propiedad de latinos, afroamericanos y mujeres en EE.UU.
El expresidente Donald Trump y su equipo están avanzando en un nuevo intento por desmantelar uno de los programas de acción afirmativa más significativos del gobierno federal. Se trata de una iniciativa del Departamento de Transporte que destina aproximadamente $37,000 millones a empresas pertenecientes a minorías raciales y mujeres. Esta política ha sido vital para más de 49,000 contratistas en todo el país, incluyendo miles de negocios latinos que dependen de estas oportunidades para crecer y competir en igualdad de condiciones.
¿Qué es el programa que Trump quiere eliminar?
El programa en cuestión es la Iniciativa de Participación Equitativa en Contratos Federales de Transporte, creada para garantizar que empresas propiedad de personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados tengan acceso a contratos públicos. Desde su implementación, ha permitido que miles de negocios pequeños —especialmente latinos, afroamericanos y liderados por mujeres— accedan a licitaciones para obras de infraestructura como carreteras, aeropuertos y sistemas de transporte público.
Actualmente, este programa destina un 10% de los fondos federales del Departamento de Transporte a empresas consideradas «disadvantaged business enterprises» (DBE), una categoría que incluye a muchas compañías latinas.
¿Por qué el gobierno de Trump quiere desmantelarlo?
El argumento central del equipo legal del expresidente se basa en que el programa favorece la contratación por razones raciales y de género, lo que —según ellos— violaría la Constitución y sería incompatible con las nuevas decisiones de la Corte Suprema que han limitado el uso de políticas de acción afirmativa en otros ámbitos, como la educación universitaria.
En documentos judiciales recientes, abogados cercanos a Trump califican la política como “discriminación gubernamental”, y buscan anular su legalidad mediante una ofensiva legal que podría cambiar radicalmente la forma en que el gobierno federal distribuye contratos a nivel nacional.
¿A quiénes afecta esta decisión?
De eliminarse, la medida impactaría directamente a más de 49,000 contratistas registrados en el programa DBE. Muchos de ellos son pequeños empresarios latinos que han logrado consolidarse en el sector de la construcción y el transporte gracias a estas oportunidades. Según expertos, sin este respaldo, gran parte de estos negocios quedarían excluidos de la competencia frente a grandes corporaciones con más recursos y acceso a redes de poder.
María López, dueña de una empresa constructora en Texas, asegura que sin este programa jamás habría conseguido contratos estatales. “Esto no es un regalo, es una oportunidad para competir justo. Si lo eliminan, volvemos a empezar desde cero”, afirma.
La reacción de la comunidad y defensores de los derechos civiles
Organizaciones defensoras de los derechos de las minorías ya han comenzado a movilizarse. La Coalición Nacional Hispana sobre la Construcción y Transporte (NHCT) calificó la medida como “un ataque directo contra el progreso económico de las comunidades latinas en EE.UU.”
“El programa DBE no solo equilibra el terreno de juego, sino que ha sido clave para que las comunidades marginadas puedan crear empleos, generar riqueza y construir un futuro más equitativo”, señaló la presidenta de la NHCT, Ana Sánchez.
¿Qué viene ahora?
La ofensiva legal está en curso y podría terminar en la Corte Suprema, donde una mayoría conservadora ha mostrado escepticismo hacia políticas de acción afirmativa. Expertos legales advierten que si el programa es eliminado, se sentaría un precedente peligroso que afectaría no solo al sector del transporte, sino a todos los programas federales diseñados para corregir desigualdades históricas.
El intento del gobierno de Trump por desmantelar el programa DBE representa una amenaza directa para miles de empresas latinas en Estados Unidos. Más allá de la política, el debate gira en torno a una pregunta fundamental: ¿Debe el gobierno seguir promoviendo oportunidades para grupos históricamente marginados, o debe dar un giro hacia la “neutralidad racial” en la contratación pública?
La comunidad latina —clave en la economía estadounidense— observa con preocupación una posible regresión en la lucha por la equidad.
Equipo BLUJOURNAL
