blujournalWashington, D.C. – El gobierno del presidente Donald Trump ha solicitado mantener bajo custodia a Kilmar Abrego, un inmigrante salvadoreño acusado de tráfico de personas, con el objetivo de evitar su deportación inmediata por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida busca asegurar que enfrente la justicia en territorio estadounidense.
El Departamento de Justicia pidió a una jueza federal que suspenda temporalmente la orden de liberación de Abrego, quien recientemente regresó a Estados Unidos tras haber sido expulsado a El Salvador y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las cárceles de máxima seguridad del país centroamericano.
Solicitud para evitar una deportación anticipada
La preocupación del gobierno radica en que, si Abrego es liberado, ICE podría ejecutar una orden de deportación previa antes de que pueda comparecer ante un tribunal federal por cargos relacionados con tráfico de personas. El Departamento de Justicia argumenta que su permanencia en custodia es esencial para que pueda ser procesado por las autoridades estadounidenses.
«Existe un riesgo significativo de que sea deportado antes de responder ante la justicia», señalaron fiscales federales en el escrito judicial.
Abrego y su regreso desde el CECOT
Kilmar Abrego fue deportado a El Salvador durante una de las redadas masivas impulsadas bajo políticas migratorias estrictas. En su país natal, fue recluido en el polémico CECOT, una megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele para albergar a presuntos pandilleros y criminales.
Sin embargo, Abrego logró regresar a EE.UU. en circunstancias aún no esclarecidas, lo que ha llamado la atención tanto de autoridades migratorias como judiciales.
Implicaciones políticas y migratorias
El caso de Abrego se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Trump, quien ha reforzado los controles en la frontera sur y ha prometido una lucha frontal contra el tráfico de personas. Este caso podría convertirse en un ejemplo emblemático para el gobierno, que busca enviar un mensaje claro sobre las consecuencias del cruce irregular de fronteras y la participación en redes de tráfico.
Además, la situación pone en evidencia la complejidad de los procedimientos migratorios en EE.UU., especialmente cuando coinciden órdenes judiciales de liberación con órdenes administrativas de deportación.
