blujournalLa ciudad de Doral, conocida como «Doralzuela» por albergar a más de 84,000 residentes, de los cuales más del 40% tienen raíces venezolanas, ha aprobado una resolución que permite a su policía local colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el programa 287(g).
El programa 287(g) autoriza a las fuerzas del orden locales a desempeñar funciones de control migratorio, como interrogar y detener a personas sospechosas de estar en el país sin autorización legal.
Esta decisión ha generado preocupación entre los residentes, especialmente en la comunidad venezolana, que teme un aumento en las detenciones y deportaciones. Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, calificó la medida como una «traición» a la confianza depositada en las autoridades locales.
El concejal Rafael Pineyro, único miembro venezolano del concejo, aseguró que la implementación del programa no se basará en perfiles raciales y que se respetarán los derechos civiles.
La colaboración con ICE se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración Trump, que ha suspendido el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, dejando a miles en riesgo de deportación.
La alcaldesa Christi Fraga ha instado al presidente Trump a proteger a los migrantes venezolanos, destacando su contribución a la economía local.
La implementación del programa 287(g) en Doral podría tener consecuencias significativas para la comunidad venezolana, que ha sido fundamental en el desarrollo económico de la ciudad. La medida ha generado un debate sobre la seguridad pública y los derechos de los inmigrantes en una de las ciudades con mayor población venezolana en Estados Unidos.
Equipo BLUJOURNAL
