blujournalEl panorama jurídico estadounidense ha experimentado una notable fractura en respuesta a las recientes órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump. Mientras algunas firmas de abogados han optado por llegar a acuerdos con la administración para evitar sanciones, otras han decidido emprender acciones legales desafiando la constitucionalidad de dichas órdenes.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom: un acuerdo preventivo
El 28 de marzo de 2025, la reconocida firma internacional Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom anunció un acuerdo con la administración Trump. Según los términos, Skadden se comprometió a proporcionar $100 millones en servicios legales pro bono para causas respaldadas por el gobierno, además de financiar un programa de becas y revisar sus prácticas de contratación para alinearse con criterios basados en el mérito y representación de grupos políticamente desfavorecidos . Este movimiento se interpreta como una estrategia para evitar posibles sanciones gubernamentales, especialmente considerando que otras firmas ya habían enfrentado represalias por parte de la administración.
Jenner & Block y WilmerHale: resistencia legal
En contraste, las firmas Jenner & Block y WilmerHale han adoptado una postura confrontativa. Ambas presentaron demandas contra la administración Trump, cuestionando órdenes ejecutivas que, según alegan, revocan autorizaciones de seguridad y restringen su capacidad para interactuar con agencias gubernamentales. Estas órdenes se perciben como represalias por la participación de las firmas en investigaciones relacionadas con la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y por representar a adversarios políticos del presidente.
WilmerHale, en particular, ha contratado al destacado abogado conservador Paul Clement para liderar su defensa, argumentando que las acciones de la administración son inconstitucionales y buscan intimidar a las firmas legales que representan intereses contrarios al gobierno . Por su parte, Jenner & Block sostiene que las órdenes ejecutivas afectan significativamente sus operaciones y violan la Primera Enmienda al dirigirse a firmas basándose en sus clientes y asociaciones.
Paul, Weiss: un precedente de negociación
Antes del acuerdo de Skadden, la firma Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison también llegó a un entendimiento con la administración Trump. Tras una reunión entre su presidente y el mandatario, la firma acordó proporcionar $40 millones en servicios legales gratuitos para respaldar la agenda del presidente, incluyendo asistencia al «Grupo de Trabajo para Combatir el Antisemitismo». A cambio, la administración revocó una orden ejecutiva que amenazaba con rescindir contratos federales y revocar autorizaciones de seguridad de la firma.
Reacciones y perspectivas en la comunidad legal
La comunidad jurídica se encuentra dividida ante estas dinámicas. Mientras algunas firmas consideran prudente negociar con la administración para proteger sus intereses y los de sus clientes, otras ven estas órdenes ejecutivas como una amenaza a la independencia y ética profesional del sector legal. La Asociación Americana de Abogados (ABA) ha expresado preocupación por estas acciones, señalando que podrían sentar un precedente peligroso al permitir que el poder ejecutivo influya en la representación legal y en la autonomía de las firmas.
La respuesta variada de las principales firmas de abogados a las órdenes ejecutivas de la administración Trump refleja una tensión creciente entre el gobierno y el sector legal. Mientras algunas firmas optan por acuerdos para asegurar su estabilidad y continuidad operativa, otras eligen desafiar legalmente lo que consideran acciones inconstitucionales. Este escenario subraya la compleja relación entre el poder ejecutivo y la independencia del ejercicio legal en Estados Unidos, y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la lealtad institucional y la defensa de los principios fundamentales del derecho.
