La medida impulsada por el gobernador Ron DeSantis criminaliza a inmigrantes indocumentados y enfrenta crecientes cuestionamientos legales
MIAMI – En una decisión que impacta directamente a miles de inmigrantes latinos en Estados Unidos, la Corte Suprema de EE.UU. decidió este martes mantener el bloqueo temporal a una controvertida ley migratoria de Florida que criminaliza a personas indocumentadas que ingresen al estado. La norma, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, ha generado una fuerte respuesta de activistas, comunidades latinas y organizaciones de derechos civiles.
¿Qué dice la ley SB 1718 de Florida?
La ley —conocida como SB 1718— impone sanciones penales contra cualquier persona indocumentada que entre o sea transportada a Florida. También castiga a quienes faciliten su movilidad, como familiares, empleadores o incluso conductores. Desde su aprobación, ha sido señalada como una de las medidas más estrictas en materia migratoria a nivel estatal en décadas.
Tribunal federal la considera posiblemente inconstitucional
El año pasado, un tribunal federal en el distrito sur de Florida suspendió parte de la ley tras concluir que existen serias dudas sobre su constitucionalidad, ya que podría invadir competencias exclusivas del gobierno federal en temas migratorios. La decisión fue apelada por el estado de Florida ante la Corte Suprema.
Sin embargo, el máximo tribunal del país rechazó levantar esa suspensión, lo que representa un revés para la administración DeSantis y un alivio momentáneo para las comunidades migrantes afectadas.
Reacción del gobierno de Trump
Aunque la administración del presidente Donald Trump ha respaldado medidas más duras contra la inmigración ilegal, no ha emitido una declaración oficial tras el fallo del alto tribunal. No obstante, funcionarios federales han reiterado su postura de que los estados deben colaborar en la aplicación de la ley, pero sin sobrepasar los límites establecidos por la Constitución.
Comunidades latinas respiran, pero siguen en alerta
Organizaciones defensoras de inmigrantes como la ACLU, el Southern Poverty Law Center y el Florida Immigrant Coalition celebraron la decisión judicial, pero advirtieron que la lucha legal está lejos de terminar.
“Este bloqueo temporal da un respiro, pero la amenaza sigue vigente. La ley es parte de una estrategia más amplia de criminalización del inmigrante”, señaló María Rodríguez, directora de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
¿Qué sigue ahora?
El caso seguirá su curso en tribunales federales, y podría llegar nuevamente a la Corte Suprema si se presenta una apelación formal. Mientras tanto, la ley SB 1718 permanece parcialmente suspendida, lo que significa que por ahora no se pueden aplicar sus castigos penales contra personas indocumentadas por ingresar al estado.
Equipo BLUJOURNAL