Hernan L. SarmientoEl presidente Trump está invocando una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII que permitirá al gobierno federal detener o deportar a personas que sean nativas y ciudadanas de países considerados adversarios extranjeros, en un movimiento que se percibe como parte de su amplio esfuerzo por endurecer la política migratoria.
La Ley de Extranjeros Enemigos, que forma parte de las Leyes de Extranjería y Sedición adoptadas por el Congreso en 1798, otorga al gobierno federal autoridad adicional para regular a los no ciudadanos en tiempos de guerra. Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso publicado en febrero, esta ley ha sido utilizada solo tres veces en el pasado: durante la Guerra de 1812 y en las dos Guerras Mundiales.
Originalmente concebida para combatir el espionaje enemigo, esta ley sirvió como parte de la justificación legal para la creación de los ahora repudiados campos de internamiento de la Segunda Guerra Mundial, donde más de 120,000 estadounidenses de origen japonés y ciudadanos japoneses fueron encarcelados en la década de 1940 debido a su ascendencia.
Trump mencionó repetidamente en su campaña del año pasado su intención de invocar esta ley de 227 años de antigüedad para expulsar a inmigrantes en situación irregular. En un mitin en octubre en Albuquerque, Nuevo México, afirmó que la usaría para atacar a “pandillas salvajes”.
“Es una ley antigua. Hay que remontarse hasta allá porque, a medida que hemos crecido, nuestra política y nuestros políticos se han vuelto más débiles”, dijo. “Nuestras leyes ya no significan nada”.
Reiteró esta postura durante su discurso inaugural en enero:
“Al invocar la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, ordenaré a nuestro gobierno utilizar el poder total e inmenso de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales que traen crímenes devastadores a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y barrios”.
Según la ley, puede ser invocada “siempre que haya una guerra declarada entre Estados Unidos y cualquier nación o gobierno extranjero, o una invasión o incursión depredadora”, permitiendo que los no ciudadanos de 14 años o más sean “aprehendidos, restringidos, asegurados y removidos como enemigos extranjeros”.
El uso de esta ley probablemente enfrentará desafíos legales de parte de activistas de derechos civiles e inmigración, ya que Estados Unidos no está actualmente en guerra, como sí lo estuvo en cada ocasión en que un presidente anterior la utilizó.
Según el Centro Brennan para la Justicia, la intención de aplicar esta ley fuera de un estado de guerra declarado para combatir la inmigración ilegal contradice siglos de práctica legislativa, presidencial y judicial, ya que todos confirman que la Ley de Extranjeros Enemigos es una autoridad exclusiva de tiempos de guerra.
“Invocarla en tiempos de paz para evadir las leyes de inmigración convencionales sería un abuso asombroso”, escribió el centro en un informe de noviembre.
Tras regresar al cargo, Trump firmó una orden ejecutiva declarando que el país enfrentaba una “invasión a gran escala sin precedentes” por parte de migrantes que, según él, podrían incluir “terroristas, espías extranjeros, miembros de cárteles, pandillas y organizaciones criminales transnacionales violentas, así como otros actores hostiles con intenciones maliciosas”.
En ese momento, la Casa Blanca afirmó que Trump planeaba usar la ley específicamente para atacar a los cárteles, incluyendo la pandilla venezolana Tren de Aragua, declarándolos organizaciones terroristas extranjeras.
