La nueva política revive preocupaciones entre familias latinas en EE.UU.
Por BLUJOURNAL | Redacción Nacional
En una polémica decisión que ha generado preocupación en la comunidad inmigrante, la administración del presidente Donald Trump ha comenzado a sacar a cientos de niños migrantes de sus hogares en Estados Unidos para colocarlos bajo custodia del Gobierno federal. Según múltiples fuentes cercanas al proceso, en muchos casos los menores han sido separados de sus familias, enfrentando barreras significativas para su liberación.
Separación familiar: una política que regresa
Esta acción representa un giro alarmante en la política migratoria estadounidense, evocando recuerdos de la controvertida estrategia de separación familiar aplicada durante el mandato de Trump entre 2017 y 2021. En ese entonces, miles de niños fueron alejados de sus padres tras cruzar la frontera, generando críticas internacionales y demandas por violaciones a los derechos humanos.
Ahora, según informes de funcionarios y abogados de inmigración, las autoridades están retirando a menores que ya vivían en el país, en muchos casos con familiares o tutores legales, y trasladándolos a centros de detención administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).
¿A quiénes están afectando?
Los menores afectados son, en su mayoría, migrantes no acompañados que fueron liberados anteriormente a familiares o patrocinadores en Estados Unidos tras cruzar la frontera. Sin embargo, el gobierno de Trump ha intensificado los procesos de verificación, lo que ha derivado en redadas e investigaciones que han concluido con la remoción de los menores de sus hogares.
Organizaciones de derechos civiles han denunciado que estas acciones están ocurriendo sin el debido proceso, y que muchas familias desconocen las razones exactas por las cuales se llevan a los niños. “Están separando a niños que llevan meses o años viviendo con sus seres queridos. Esto es una forma de castigo silencioso”, dijo un abogado de inmigración con sede en Texas.
Dificultades para la reunificación
Una de las mayores críticas a esta nueva fase de políticas migratorias es la falta de mecanismos claros para que las familias puedan recuperar a los menores. En varios casos, los patrocinadores —padres, tíos, abuelos o hermanos mayores— enfrentan obstáculos legales o temor a ser deportados si intentan reclamar a los niños.
Según fuentes internas del HHS, el proceso para liberar a los menores nuevamente ha sido entorpecido por nuevas normativas internas que exigen más documentación, entrevistas prolongadas y la verificación de antecedentes extensiva, incluso a personas que no tienen historial criminal.
Impacto en la comunidad latina
Para muchas familias latinas en EE.UU., especialmente aquellas con miembros indocumentados, esta política revive un ambiente de miedo e incertidumbre. Líderes comunitarios y activistas han pedido al Congreso y a la administración federal actual que investigue estos procedimientos y que garantice la protección de los derechos de los menores.
“Estamos viendo cómo se repite un patrón de criminalización de nuestras familias. Los niños deben estar con sus seres queridos, no en centros de detención”, expresó un representante de una organización de ayuda a migrantes en California.
¿Qué sigue?
Los casos documentados hasta ahora indican una tendencia preocupante, donde la inmigración es nuevamente un tema central en el debate público.