blujournal“¿De dónde saca alguien tanto dinero?”, se pregunta Wendy Ortiz, una inmigrante de El Salvador que, como muchos otros, ha recibido una multa millonaria por parte del Gobierno de Donald Trump.
En una medida que ha generado alarma y controversia, la administración del expresidente Donald Trump ha comenzado a imponer severas multas a inmigrantes de bajos ingresos que permanecen en Estados Unidos después de recibir órdenes de deportación. Estas sanciones, que pueden alcanzar hasta $1.8 millones por individuo, se basan en una ley de 1996 reactivada en 2018 y ahora aplicada de manera más agresiva.
Una política con consecuencias devastadoras
La política establece una multa diaria de $998 para aquellos que no abandonen el país tras una orden final de deportación, con la posibilidad de aplicar estas sanciones de forma retroactiva hasta por cinco años. Esto significa que un inmigrante que haya recibido una orden de deportación en 2020 podría enfrentar una deuda acumulada de más de $1.8 millones.
Además, el gobierno contempla la confiscación de bienes personales de aquellos que no puedan pagar las multas, una medida que ha sido criticada por expertos legales y defensores de los derechos humanos.
Impacto en comunidades vulnerables
Se estima que aproximadamente 1.4 millones de inmigrantes con órdenes de deportación podrían verse afectados por esta política. Muchos de ellos forman parte de hogares de estatus mixto, donde conviven ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes con inmigrantes indocumentados. Estas familias, ya de por sí vulnerables, podrían enfrentar consecuencias económicas devastadoras.
Organizaciones como FWD.us han advertido que estas sanciones podrían empujar a millones de personas por debajo del umbral de pobreza, exacerbando las desigualdades existentes y afectando negativamente a niños ciudadanos estadounidenses que viven en estos hogares.
La historia de Wendy Ortiz
Wendy Ortiz, una inmigrante salvadoreña y madre de un hijo ciudadano estadounidense, es una de las miles de personas que han recibido estas multas millonarias. Huyó de la violencia en su país de origen y ha vivido en Estados Unidos durante años, contribuyendo a su comunidad y criando a su hijo. Ahora, enfrenta una deuda impagable y la amenaza de perder sus bienes.
Críticas y desafíos legales
La implementación de estas multas ha sido objeto de críticas por parte de abogados de inmigración y defensores de los derechos humanos, quienes argumentan que la política es injusta y desproporcionada. Muchos inmigrantes afectados no estaban al tanto de sus órdenes de deportación o están en proceso de regularizar su estatus migratorio.
Además, existen preocupaciones sobre la legalidad de aplicar estas sanciones de manera retroactiva y la posibilidad de que se violen los derechos constitucionales de los inmigrantes, incluyendo el debido proceso.
La política de imponer multas millonarias a inmigrantes que no abandonen Estados Unidos tras recibir órdenes de deportación representa un enfoque punitivo que podría tener consecuencias devastadoras para millones de personas y sus familias. Mientras continúan los desafíos legales y las críticas, la incertidumbre y el temor persisten entre las comunidades inmigrantes afectadas.
Equipo BLUJOURNAL
