blujournalEl gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha intensificado su política migratoria con nuevas propuestas que buscan ampliar las facultades de las autoridades estatales en materia de inmigración. Entre las medidas más controvertidas se encuentra la solicitud a la Casa Blanca para que abogados de la Guardia Nacional actúen como jueces en procesos de deportación, así como la autorización para que la Patrulla de Carreteras realice redadas de forma independiente del Gobierno federal.
Abogados de la Guardia Nacional como jueces de inmigración
En un movimiento sin precedentes, DeSantis ha propuesto que abogados de la Guardia Nacional de Florida asuman funciones judiciales en casos de inmigración. La iniciativa busca acelerar los procesos de deportación al reducir la dependencia del sistema judicial federal. Aunque esta propuesta aún no ha sido implementada, ha generado preocupación entre defensores de los derechos civiles, quienes advierten sobre posibles violaciones al debido proceso y a la separación de poderes.
Patrulla de Carreteras con funciones migratorias
Paralelamente, el gobernador firmó un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que permite a la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) asumir funciones de control migratorio. Bajo este convenio, ciertos agentes estatales y locales están autorizados para detener e interrogar a personas sospechosas de estar en el país sin estatus legal, y entregarlas directamente a las autoridades federales. DeSantis defendió la medida afirmando que «si encuentran a alguien conduciendo ebrio al costado de la carretera y resulta ser un inmigrante ilegal, ahora podrán llevarlo directamente a inmigración».
Expansión del programa 287(g)
Estas acciones se enmarcan dentro de la expansión del programa federal 287(g), que permite a las fuerzas del orden locales colaborar con ICE en la aplicación de las leyes migratorias. A principios de este año, los 67 alguaciles de condado en Florida firmaron acuerdos para participar en este programa, lo que convierte al estado en uno de los más activos en la implementación de políticas migratorias estrictas.
Reacciones y críticas
Las medidas han generado reacciones encontradas. Mientras que algunos sectores las aplauden como esfuerzos necesarios para reforzar la seguridad y el cumplimiento de la ley, organizaciones de derechos civiles y defensores de inmigrantes expresan su preocupación por el potencial de perfilamiento racial y violaciones a los derechos humanos. Ediberto Román, profesor de leyes en la Universidad Internacional de Florida, advirtió que estas políticas podrían traducirse en un uso arbitrario del poder policial, afectando principalmente a las comunidades inmigrantes.
Impacto en las comunidades inmigrantes
Las nuevas políticas han tenido un impacto significativo en las comunidades inmigrantes de Florida. Muchos residentes indocumentados han optado por limitar sus desplazamientos por temor a ser detenidos, lo que ha afectado sectores clave como la agricultura, la construcción y la atención sanitaria, que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante.
Perspectivas futuras
La implementación de estas medidas posiciona a Florida como un estado líder en la aplicación de políticas migratorias estrictas, alineadas con las iniciativas federales bajo la administración de Donald Trump. Sin embargo, el debate sobre su legalidad y eficacia continúa, y es probable que enfrenten desafíos legales en los próximos meses. Mientras tanto, las comunidades inmigrantes y las organizaciones de derechos civiles permanecen vigilantes ante el desarrollo de estas políticas y su impacto en la vida cotidiana de miles de personas en el estado.
Equipo BLUJOURNAL
