blujournalEl 12 de febrero de 2025, la administración del presidente Donald Trump intensificó su confrontación con los estados que implementan políticas de «santuario» al presentar una demanda federal contra el estado de Nueva York. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció la acción legal en una conferencia de prensa en Washington, D.C., argumentando que las políticas de Nueva York obstaculizan la aplicación de las leyes federales de inmigración y ponen en riesgo la seguridad pública.
La demanda se centra en la llamada «Ley de Luz Verde» de Nueva York, promulgada en 2019, que permite a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir y restringe el acceso de las autoridades federales de inmigración a los registros del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado. Según Bondi, esta ley impide que las agencias federales identifiquen y deporten a personas que se encuentran ilegalmente en el país y compromete la seguridad de los agentes del orden.
Además, la ley obliga al DMV a notificar a los inmigrantes indocumentados cuando una agencia federal solicita su información, una disposición que Bondi calificó de inconstitucional. «Es avisar a un extranjero ilegal, y es inconstitucional», afirmó la fiscal general.
La demanda nombra como acusados a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; a la fiscal general del estado, Letitia James; y al comisionado del DMV, Mark Schroeder. Bondi advirtió que podrían presentarse cargos criminales contra funcionarios locales que interfieran con los esfuerzos federales de deportación.
Esta acción legal sigue a una demanda similar presentada por el Departamento de Justicia contra el estado de Illinois y la ciudad de Chicago por sus políticas de santuario. «Demandamos a Illinois y Nueva York no escuchó», dijo Bondi. «Si incumples la ley federal, te haremos responsable. Y si eres un estado que no cumple con la ley federal, eres el siguiente», añadió, sugiriendo que otros estados podrían enfrentar acciones similares.
La gobernadora Hochul respondió a la demanda criticando la medida y enfatizando que las leyes estatales ya permiten que los funcionarios federales de inmigración accedan a las bases de datos del DMV con una orden judicial, lo que ella considera un compromiso razonable y ampliamente apoyado. «Nueva York ha elegido priorizar a los inmigrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses. Eso se detiene hoy», afirmó Bondi durante la conferencia de prensa.
La fiscal general del estado, Letitia James, también defendió la ley, argumentando que protege los derechos y la seguridad de los residentes de Nueva York. «Estamos preparados para defender los derechos de todos los neoyorquinos y mantener seguras nuestras comunidades», afirmó James.
La «Ley de Luz Verde» fue diseñada para mejorar la seguridad pública al garantizar que todos los conductores, independientemente de su estatus migratorio, estén debidamente licenciados y asegurados. Sin embargo, los críticos argumentan que al restringir el acceso de las autoridades federales a los registros del DMV, la ley dificulta la aplicación de las leyes de inmigración y podría permitir que personas peligrosas evadan la detección.
Esta demanda es parte de una campaña más amplia de la administración Trump para combatir las políticas de santuario en todo el país. El presidente Trump ha prometido tomar medidas enérgicas contra las jurisdicciones que, según él, obstaculizan la aplicación de las leyes federales de inmigración y ponen en peligro la seguridad pública.
Las políticas de santuario han sido objeto de un intenso debate en los Estados Unidos. Los defensores argumentan que fomentan la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden locales, lo que mejora la seguridad pública al alentar a las víctimas y testigos de delitos a presentarse sin temor a la deportación. Los opositores, por otro lado, sostienen que estas políticas permiten que los inmigrantes indocumentados, incluidos aquellos con antecedentes criminales, eviten la deportación y continúen representando una amenaza para la seguridad pública.
La demanda contra Nueva York podría tener implicaciones significativas para las políticas de inmigración en todo el país. Si el gobierno federal tiene éxito, podría sentar un precedente que limite la capacidad de los estados y ciudades para implementar políticas de santuario y podría fortalecer la autoridad del gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
Sin embargo, si Nueva York prevalece, podría reforzar la capacidad de los estados para establecer sus propias políticas de inmigración y limitar la cooperación con las autoridades federales. Este caso probablemente será observado de cerca por ambos lados del debate sobre la inmigración y podría tener un impacto duradero en la relación entre los gobiernos estatales y federales en la aplicación de las leyes de inmigración.
En última instancia, este caso subraya las profundas divisiones en los Estados Unidos sobre cómo abordar la inmigración y equilibrar la seguridad pública con los derechos de los inmigrantes. A medida que avanza el caso, es probable que continúe alimentando el debate nacional sobre estas cuestiones críticas.
