blujournalCorte Suprema avala política de deportaciones sin nacionalidad compartida
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes, de forma temporal, que el gobierno del presidente Donald Trump continúe deportando migrantes a terceros países, incluso si estos no tienen ciudadanía en dichos destinos. La decisión deja en suspenso una orden de un juez federal que exigía al gobierno permitir a los migrantes una oportunidad real para impugnar su expulsión.
Este fallo se produce mientras continúa el litigio sobre la legalidad de esta política migratoria, que incluye la deportación de personas a países como Sudán del Sur, donde persisten conflictos armados.
Migrantes detenidos en Yibuti tras intento de deportación
El juez Brian E. Murphy, del distrito de Massachusetts, había bloqueado estas deportaciones y luego señaló que el gobierno violó su orden al intentar trasladar a un grupo de migrantes a Sudán del Sur. Estas personas fueron posteriormente enviadas a una base naval en Yibuti, donde, según registros judiciales, enfrentan riesgos para su salud y seguridad.
Pese a este contexto, la Corte Suprema, mediante una orden breve y sin explicación, permitió al Ejecutivo continuar con las expulsiones mientras el caso se resuelve en tribunales inferiores.
Fuerte disidencia de los jueces liberales
Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson presentaron una disidencia de 20 páginas. En ella, criticaron que se permita enviar personas a países considerados inseguros incluso por el Departamento de Estado.
“La Corte está premiando la ilegalidad”, escribieron, refiriéndose a la desobediencia del gobierno frente a las órdenes del juez Murphy.
También advirtieron sobre el riesgo de deportar personas sin garantías mínimas, en contradicción con decisiones previas del mismo tribunal sobre el debido proceso migratorio.
Reacciones desde el gobierno y organizaciones migratorias
Tras la decisión judicial, la Casa Blanca celebró públicamente el fallo con la frase “Enciendan los aviones de deportación”, acompañada por un video del presidente Trump bailando. Desde el Departamento de Seguridad Nacional, se afirmó que la agencia podrá “ejecutar su autoridad legal” para remover migrantes a países dispuestos a recibirlos.
Por su parte, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes advirtieron que la medida pone en peligro a miles de personas.
“El fallo elimina protecciones cruciales que han evitado tortura y muerte”, dijo Trina Realmuto, directora de la National Immigration Litigation Alliance.
Críticas al uso del «docket de emergencia»
El caso se resolvió como parte del “docket de emergencia”, un procedimiento acelerado que permite a la Corte emitir decisiones urgentes sin audiencias orales ni argumentaciones extensas. Según el profesor de derecho Steve Vladeck, esto contribuye a que la administración ignore órdenes judiciales sin consecuencias inmediatas.
“El fallo permite la deportación de migrantes a países donde enfrentan riesgos serios, sin un proceso justo”, advirtió Vladeck, recordando que el mismo tribunal había previamente respaldado el derecho al debido proceso en casos migratorios.
El trasfondo legal y lo que sigue
El juez Murphy había ordenado que los migrantes tuvieran hasta 25 días para impugnar legalmente su remoción y que se les garantizara una entrevista con abogados e intérpretes presentes. En su apelación, el gobierno argumentó que estas medidas son excesivas y obstaculizan su capacidad para aplicar la ley.
El litigio principal aún continúa en las cortes inferiores, y el resultado final determinará si esta política migratoria podrá mantenerse a largo plazo. Mientras tanto, cientos de personas continúan detenidas o en riesgo de ser deportadas a países donde podrían sufrir persecución o violencia.
