blujournalPor BluJournal | Actualizado: junio 2025
WASHINGTON, D.C. — La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó este lunes la revisión de una demanda presentada por el estado de California contra la administración del presidente Donald Trump, por el despliegue de tropas federales en Los Ángeles durante las manifestaciones de abril.
El caso, que ha encendido un debate nacional sobre el alcance del poder federal, cuestiona la legalidad del envío de fuerzas militares a una ciudad sin el consentimiento del gobierno estatal. Para muchos líderes locales y defensores de los derechos civiles, la medida representa una peligrosa extralimitación del poder presidencial.
¿Por qué California demandó al gobierno federal?
El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó la demanda ante una corte federal en mayo, argumentando que el presidente Trump violó la Constitución al desplegar unidades de la Guardia Nacional y personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Los Ángeles, sin previa consulta ni aprobación del estado.
Las tropas fueron movilizadas tras una serie de protestas contra la política migratoria federal, en las que participaron cientos de activistas latinos, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. La presencia militar, según testigos y videos ampliamente difundidos en redes sociales, incluyó patrullajes con vehículos blindados y operativos con equipos tácticos en barrios predominantemente latinos.
“El uso de fuerzas federales para reprimir la libre expresión ciudadana y amedrentar a comunidades vulnerables es inaceptable”, declaró Newsom en un comunicado oficial. “La Constitución protege la soberanía de los estados y el derecho del pueblo a manifestarse pacíficamente”.
¿Qué dice la Casa Blanca?
La Casa Blanca, por su parte, defendió el despliegue como una “acción necesaria para mantener el orden público” frente a lo que calificó como “amenazas a la seguridad nacional”. El presidente Trump aseguró que los disturbios en Los Ángeles eran instigados por “grupos radicales” y que el gobierno federal actuó en defensa de los ciudadanos y las propiedades.
“El gobierno federal no permitirá que las ciudades sean tomadas por el caos y la anarquía”, afirmó Trump durante una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, en la que además advirtió que no dudará en usar su autoridad para intervenir en cualquier estado que, según él, “pierda el control”.
Impacto en la comunidad latina
La decisión de enviar tropas a una ciudad con una de las comunidades latinas más grandes del país ha sido interpretada por muchos como un mensaje de intimidación. Organizaciones como UnidosUS y la Coalición por los Derechos Humanos del Sur de California denunciaron actos de represión, vigilancia masiva y detenciones arbitrarias durante el operativo militar.
“Se trató de una demostración de fuerza diseñada para silenciar a nuestra gente”, dijo Ana María Ruíz, directora de la organización Mi Gente Resiste. “En lugar de escuchar nuestras demandas, el presidente Trump optó por enviar tropas como si fuéramos enemigos del Estado”.
Lo que está en juego: poder presidencial vs. derechos estatales
Este caso podría sentar un precedente clave sobre los límites del poder presidencial en tiempos de protesta. Los jueces de la Corte Suprema deberán decidir si la administración Trump violó la Ley de Insurrección de 1807, la cual permite el uso de fuerzas federales en circunstancias excepcionales, pero bajo condiciones específicas.
Expertos en derecho constitucional coinciden en que la demanda plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre el poder federal y los derechos de los estados. “Si la Corte permite este tipo de despliegues sin restricciones, se abre la puerta a una militarización peligrosa del orden público”, advirtió el profesor de derecho constitucional Mario Paredes, de la Universidad de California.
Próximos pasos
La Corte Suprema escuchará argumentos orales durante este mes de junio y se espera una decisión antes de finalizar el verano. Mientras tanto, en Los Ángeles continúan las movilizaciones y vigilias en apoyo a los derechos civiles, muchas de ellas lideradas por jóvenes latinos.
“Este no es solo un caso legal. Es un llamado a defender nuestra democracia y a proteger nuestras comunidades”, concluyó Ruíz.
