blujournalLa decisión favorece a Carolina del Sur y abre un precedente que podría afectar a millones de pacientes latinos
Washington D.C. — En una decisión con profundas repercusiones políticas y sociales, la Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido que los estados bloqueen el acceso de ciertas organizaciones, como Planned Parenthood, a los fondos de Medicaid, el programa federal de asistencia médica para personas de bajos ingresos.
El caso específico proviene de Carolina del Sur, donde el gobierno estatal buscaba excluir a Planned Parenthood de recibir reembolsos de Medicaid por servicios de salud reproductiva, pese a que estos no incluyen abortos con financiación federal, los cuales ya están prohibidos por la ley.
Un fallo silencioso, pero con gran impacto
La Corte Suprema no emitió una opinión formal, sino que rechazó revisar un fallo de un tribunal inferior, lo que en la práctica permite que se mantenga la decisión de Carolina del Sur. Esta acción ha sido vista como una victoria para los conservadores y un duro golpe para los defensores de los derechos reproductivos.
Organizaciones como Planned Parenthood han advertido que esta medida limita el acceso a servicios esenciales como exámenes de detección de cáncer, pruebas de ETS, anticonceptivos y controles ginecológicos, afectando especialmente a mujeres latinas y comunidades de bajos ingresos.
¿Qué está en juego para la comunidad latina?
Según cifras del Instituto Guttmacher, más del 25% de los pacientes que acceden a Planned Parenthood en ciertos estados son latinos. Muchos de ellos dependen de Medicaid para costear servicios médicos preventivos. Con la decisión de la Corte, se abre la puerta para que otros estados liderados por republicanos sigan el ejemplo de Carolina del Sur.
Esta política llega en un momento en que el presidente Donald Trump, quien ha intensificado sus posiciones conservadoras en año electoral, refuerza su apoyo a las restricciones al aborto y al financiamiento de organizaciones que lo defienden.
Reacciones divididas
El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, celebró la decisión y afirmó que “los dólares de los contribuyentes no deben destinarse a organizaciones que practican o promueven el aborto”. Por su parte, líderes de Planned Parenthood calificaron el fallo como “devastador” y alertaron que miles de pacientes podrían perder acceso a servicios médicos vitales.
La Asociación Médica Estadounidense y defensores de derechos civiles han advertido que esta tendencia podría profundizar las desigualdades en el sistema de salud, especialmente en comunidades inmigrantes y rurales.
¿Qué sigue?
Aunque la decisión no establece un precedente vinculante a nivel nacional, marca una señal clara del clima político actual y de la disposición de la Corte Suprema a permitir mayor autonomía estatal en materia de salud pública. Esto podría desencadenar nuevas leyes en estados como Texas, Florida y Arizona, donde la salud reproductiva ya está en la mira legislativa.
Mientras tanto, organizaciones pro derechos reproductivos se preparan para redoblar esfuerzos legales y comunitarios, sabiendo que los latinos en EE.UU., particularmente los inmigrantes y jóvenes, serán de los más afectados.
Equipo BLUJOURNAL
