La nueva batalla legal podría cambiar el curso de las protecciones migratorias en EE.UU.
Washington, D.C. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, presentó una demanda sin precedentes contra jueces federales del estado de Maryland, alegando que una normativa local está obstaculizando las deportaciones de inmigrantes al permitir que se suspendan automáticamente durante al menos 24 horas si se presenta una petición de hábeas corpus.
La medida, que ha generado una fuerte respuesta por parte de defensores de los derechos migratorios, busca anular la regla judicial que exige una pausa mínima en la ejecución de órdenes de deportación cuando un inmigrante presenta este tipo de recurso legal para cuestionar su detención o expulsión del país.
¿Qué está en juego?
El recurso de hábeas corpus, consagrado en la Constitución, permite a los individuos detenidos impugnar su detención ante un tribunal. Según los jueces federales de Maryland, esta norma ofrece una mínima garantía de debido proceso a inmigrantes detenidos que podrían enfrentar deportaciones arbitrarias o injustas.
Sin embargo, el Departamento de Justicia sostiene que esta práctica «interfiere indebidamente con la autoridad federal de inmigración» y retrasa la aplicación de la ley migratoria. La demanda busca que se declare inválida esta regla, permitiendo que las deportaciones se ejecuten sin interrupciones, incluso cuando se haya presentado una apelación legal.
Reacción en la comunidad latina
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, muchas con fuerte presencia en comunidades latinas de la Costa Este, han expresado preocupación por las implicaciones de esta demanda.
«Esta acción del gobierno es otro ataque directo a las garantías básicas de justicia para los inmigrantes. Estamos viendo cómo se criminaliza el simple hecho de solicitar una revisión judicial», afirmó Mariana Escobar, directora de la Red de Apoyo Legal para Inmigrantes en Baltimore.
Contexto político
Este nuevo enfrentamiento judicial se produce en medio de una serie de acciones agresivas por parte de la administración Trump para acelerar deportaciones, restringir el asilo y reforzar la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ciudades con alta población inmigrante.
Desde que Trump asumió nuevamente la presidencia en enero de 2025, ha retomado su agenda migratoria con fuerza, ordenando redadas masivas y endureciendo los requisitos para procesos legales como el asilo político o la residencia permanente.
¿Qué podría pasar ahora?
Si el Departamento de Justicia logra anular esta norma, sentaría un precedente que limitaría el uso del hábeas corpus en contextos migratorios, debilitando una de las últimas herramientas legales que tienen muchos inmigrantes para evitar deportaciones inmediatas.
El caso será evaluado en los próximos meses por una corte federal, y podría escalar hasta la Corte Suprema si se considera que involucra principios constitucionales de gran alcance.
Equipo BLUJOURNAL