Corte Suprema respalda ley de Tennessee que prohíbe atención médica a menores transgénero

Los jueces del Supremo dictaminaron que la ley no viola la cláusula de igual protección de la Constitución.
Corte Suprema, Tennessee. Crédito imagen: iStock, El País
3 meses ago

La Corte Suprema de EE.UU. avala la ley de Tennessee que prohíbe tratamientos médicos para menores trans. Grupos LGBTQ+ alertan sobre consecuencias legales y sociales.


La Corte Suprema de EE. UU. avala la prohibición de atención médica a menores trans en Tennessee

Washington D.C., junio de 2025 — En una decisión que ya genera amplio debate a nivel nacional, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó este martes la constitucionalidad de una ley estatal en Tennessee que prohíbe ciertos tratamientos médicos para menores de edad que se identifican como transgénero. El fallo, aprobado por mayoría conservadora, representa una importante victoria para el gobierno del presidente Donald Trump y para los estados republicanos que han impulsado legislaciones similares.

¿Qué establece la ley?

La norma de Tennessee, impugnada por familias y organizaciones defensoras de los derechos LGBTQ+, prohíbe a médicos y profesionales de la salud administrar bloqueadores hormonales, terapias de reemplazo hormonal y cirugías de afirmación de género a menores de 18 años. La ley entró en vigor en 2023 pero fue objeto de apelaciones hasta llegar al máximo tribunal del país.

Los jueces del Supremo dictaminaron que la ley no viola la cláusula de igual protección de la Constitución, argumentando que los estados tienen la facultad de regular la atención médica para proteger a los menores y preservar la integridad de la profesión médica.

Impacto directo en la comunidad trans y respuesta nacional

La decisión impacta directamente a cientos de familias en Tennessee y sienta un precedente legal que podría influir en al menos otros 20 estados que han considerado o implementado legislaciones similares. Organizaciones como Human Rights Campaign y ACLU han calificado la medida como “una agresión directa a los derechos de los jóvenes transgénero” y han advertido que este tipo de leyes pueden aumentar los riesgos de depresión, ansiedad y suicidio entre adolescentes trans.

“Esta decisión representa un paso atrás en los derechos civiles en Estados Unidos. Los jóvenes trans merecen acceso a cuidados médicos basados en evidencia, no discriminación institucionalizada”, afirmó en un comunicado Chase Strangio, abogado de la ACLU.

Apoyo desde la Casa Blanca y sectores conservadores

La Casa Blanca, bajo la presidencia de Donald Trump, celebró el fallo. En un comunicado oficial, el gobierno federal reafirmó su respaldo a los estados que, según sus palabras, “defienden la inocencia de los niños y rechazan tratamientos médicos radicales impulsados por ideologías”.

Líderes conservadores y legisladores republicanos también aplaudieron el fallo. “La Corte ha protegido a los menores de decisiones irreversibles tomadas bajo presión social y médica”, señaló el gobernador de Tennessee, Bill Lee.

Un país dividido ante la atención médica trans

Este fallo judicial profundiza la polarización sobre los derechos de las personas trans en Estados Unidos. Mientras estados como California y Nueva York promueven leyes para proteger el acceso a tratamientos de afirmación de género, otros como Florida, Texas y Missouri han intensificado restricciones similares a las de Tennessee.

El futuro de la atención médica para jóvenes trans queda así en manos de legislaturas estatales y de una Corte Suprema que, con una mayoría conservadora sólida, ha mostrado disposición a respaldar decisiones estatales que limiten derechos en temas sociales clave.

Equipo BLUJOURNAL

Deja una respuesta

Your email address will not be published.

Latest from Blog

Don't Miss

Identifican a Tyler Robinson, sospechoso del asesinato de Charlie Kirk: lo que se sabe del joven de 22 años

Autoridades confirmaron la captura de Tyler James Robinson, un joven de 22

Trump firma orden ejecutiva para castigar con cárcel la quema de banderas en EE. UU.

El expresidente busca imponer sanciones pese a que la Corte Suprema reconoce