blujournalRedacción BluJournal | Junio 2025
WASHINGTON D.C. — En una medida que ha desatado una oleada de preocupación entre trabajadores inmigrantes y empresarios agrícolas, el gobierno del presidente Donald Trump ha revocado discretamente una política interna que eximía a ciertas industrias, como las granjas y los hoteles, de ser blanco prioritario en las redadas migratorias realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Según documentos internos obtenidos por BluJournal, los agentes del ICE han recibido nuevas instrucciones para retomar operaciones activas de cumplimiento de la ley en sectores agrícolas y de hospitalidad, a pesar de las alertas sobre el impacto potencial en la cadena de suministro de alimentos y en la estabilidad laboral de regiones rurales del país.
El fin de una protección silenciosa
Durante los últimos años, bajo presiones políticas y económicas, el ICE había suavizado su enfoque hacia ciertos sectores críticos para la economía nacional, entre ellos granjas, empacadoras, procesadoras de carne y cadenas hoteleras, especialmente aquellas que dependen en gran parte de mano de obra inmigrante indocumentada.
Sin embargo, fuentes dentro del Departamento de Seguridad Nacional confirmaron que esta directriz fue oficialmente revertida en mayo de 2025, coincidiendo con la intensificación de las políticas migratorias del segundo mandato de Trump.
“La nueva prioridad es clara: ningún lugar está fuera del alcance del cumplimiento migratorio, sin importar su impacto económico,” indicó un funcionario bajo condición de anonimato.
El campo, en la mira del ICE
La decisión ha generado alarma en los estados con fuerte presencia agrícola como California, Texas, Florida e Iowa, donde decenas de miles de trabajadores indocumentados laboran diariamente en condiciones exigentes y con salarios bajos.
Organizaciones agrícolas han advertido que la reanudación de redadas masivas podría causar una disrupción inmediata en la recolección de cosechas, la distribución de alimentos y el funcionamiento de hoteles rurales, que ya enfrentan escasez de mano de obra.
“Es una política que va en contra de los intereses económicos del país. Sin trabajadores, no hay alimentos,” expresó María López, directora de la Asociación Nacional de Productores Latinos.
El sector hotelero también se tambalea
Los hoteles, en especial aquellos en zonas turísticas del suroeste y sureste de EE.UU., dependen de empleados inmigrantes que ocupan puestos clave en limpieza, cocina y mantenimiento.
Con la reanudación de las redadas, los empresarios temen una crisis de personal en plena temporada alta de verano, lo que podría impactar directamente en el turismo regional.
Impacto económico y social
Expertos en política migratoria advierten que, aunque el objetivo declarado es reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias, la consecuencia inmediata será una ola de miedo y desestabilización en comunidades enteras, muchas de ellas con alta presencia latina.
“Estas políticas punitivas no resuelven el problema migratorio, solo lo profundizan. Necesitamos reformas, no redadas,” opinó Luis Calderón, profesor de estudios migratorios en UCLA.
Una estrategia electoral encubierta
Analistas políticos sostienen que la medida forma parte de una estrategia más amplia de la Casa Blanca para fortalecer su base electoral conservadora, especialmente en estados del Medio Oeste donde la retórica antiinmigrante continúa generando respaldo.
El presidente Trump ha reiterado en múltiples discursos que su gobierno está comprometido con “restablecer el control en nuestras fronteras y comunidades”, aunque no ha abordado públicamente el impacto de estas redadas en la seguridad alimentaria nacional.
Reacciones divididas
Mientras asociaciones agrícolas, defensores de inmigrantes y algunos líderes empresariales piden una suspensión inmediata de las operaciones, sectores alineados con la agenda trumpista celebran el endurecimiento.
Desde el Congreso, algunos legisladores demócratas han denunciado la medida como “una guerra contra los trabajadores esenciales que sostienen la economía desde las sombras” y prometen impulsar legislación para restringir el uso del ICE en actividades económicas vitales.
La decisión de reinstaurar redadas de inmigración en granjas y hoteles coloca nuevamente a la comunidad latina en el centro del debate nacional, en un momento de creciente polarización política y de incertidumbre económica.
Mientras la Casa Blanca refuerza su postura de línea dura, millones de trabajadores inmigrantes viven ahora bajo el temor constante de ser detenidos en sus propios lugares de trabajo.
