blujournalCarmen Graciela Guerrero Sandoval, una inmigrante mexicana embarazada que reside en el estado de Ohio, ha interpuesto una demanda federal contra el Gobierno de Donald Trump con el objetivo de detener su deportación programada antes del próximo 3 de junio. La acción legal subraya las crecientes tensiones en torno a las políticas migratorias estadounidenses y los derechos de los solicitantes de asilo latinoamericanos, particularmente mujeres en estado de gestación.
Guerrero Sandoval, quien solicitó asilo en Estados Unidos tras huir de su país debido a amenazas contra su vida, enfrenta una orden de deportación emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La joven madre, que se encuentra en avanzado estado de embarazo, alega que su expulsión inmediata del país no solo pone en riesgo su salud y la del bebé, sino que también viola sus derechos constitucionales.
Un caso que pone a prueba las políticas migratorias de EE.UU.
El equipo legal de Guerrero sostiene que el Gobierno federal ha actuado con “indiferencia deliberada” hacia las condiciones médicas de la inmigrante, infringiendo así protecciones básicas reconocidas por la ley migratoria y tratados internacionales sobre derechos humanos. La demanda se presentó en una corte federal del distrito sur de Ohio y solicita una suspensión inmediata de la orden de deportación.
“La señora Guerrero no representa una amenaza para la seguridad nacional ni ha cometido delito alguno. Es una mujer embarazada, solicitante de asilo, que necesita atención médica y protección legal. Deportarla en estas condiciones sería una grave injusticia”, afirmó su abogado en un comunicado.
Apoyo de organizaciones pro inmigrantes
Diversas organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han manifestado su respaldo a Guerrero, denunciando lo que califican como una política de “mano dura” que ignora la situación humanitaria de muchos migrantes latinos en EE.UU.
“La administración Trump tiene un historial de criminalizar a mujeres embarazadas y solicitantes de asilo. Este caso refleja una vez más cómo se vulneran sistemáticamente los derechos de los migrantes, especialmente aquellos que provienen de América Latina”, señaló Erika Sánchez, portavoz de la organización Latinas Unidas por la Justicia Migratoria.
El plazo límite: 3 de junio
El tiempo corre en contra de Guerrero Sandoval. A menos que la corte emita un fallo favorable en los próximos días, ICE podría proceder con su deportación inmediatamente después del 3 de junio. De ser expulsada, la mujer regresaría a una región donde, según su testimonio, su vida y la de su hijo por nacer estarían en grave peligro.
El caso ha llamado la atención de la comunidad latina en Ohio y otras partes del país, donde defensores de los derechos humanos piden mayor sensibilidad y revisión de los procesos migratorios para personas en condiciones vulnerables.
Una historia que refleja una crisis mayor
El caso de Carmen Guerrero no es aislado. Representa una situación común para cientos de inmigrantes latinos que, en medio de políticas migratorias restrictivas, enfrentan deportaciones sin que se consideren adecuadamente sus circunstancias personales o médicas. Según expertos en derecho migratorio, este tipo de decisiones pueden sentar precedentes importantes sobre cómo se trata a las mujeres embarazadas dentro del sistema de inmigración estadounidense.
