blujournalLa deportación de Kilmar Armando Ábrego García, residente legal en Maryland, ha desencadenado una crisis política y legal en Estados Unidos. Este caso pone en tela de juicio la integridad del sistema migratorio y la obediencia del poder ejecutivo a las órdenes judiciales.
Antecedentes
Kilmar Ábrego García nació en julio de 1995 en San Salvador, El Salvador. A los 16 años, huyó de amenazas de pandillas y cruzó la frontera de EE. UU. en 2012. Se estableció en Maryland con su hermano, ciudadano estadounidense. En 2019, fue detenido por ICE bajo sospechas de afiliación a la pandilla MS-13, basadas en pruebas no corroboradas. Un juez de inmigración le concedió el estatus de «withholding of removal», prohibiendo su deportación a El Salvador debido al riesgo de persecución.
La deportación errónea
A pesar de la orden judicial, el 15 de marzo de 2025, Ábrego García fue deportado a El Salvador. ICE admitió que la deportación fue un «error administrativo». Ábrego García estuvo detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), aunque ya no lo esta aún sigue en El Salvador.
Reacciones legales y políticas
La jueza federal Paula Xinis ordenó el 4 de abril que el gobierno facilitara el regreso de Ábrego García a más tardar el 7 de abril. Sin embargo, la administración Trump argumentó que no podía obligar a El Salvador a liberar a Ábrego. El presidente Trump admitió en una entrevista que podría asegurar su regreso con una simple llamada telefónica, pero decidió no hacerlo. El 16 de abril, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito rechazó la apelación del gobierno, calificando su inacción como un intento de «debilitar los tribunales» y una amenaza al Estado de derecho.
Impacto en la familia y la comunidad
La esposa de Ábrego García, Jennifer Vásquez Sura, ha liderado la lucha por el regreso de su esposo. La unión sindical SMART Local 100, a la que pertenecía Ábrego, condenó su deportación y exigió su regreso inmediato. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, anunció medidas para boicotear a El Salvador en protesta por la detención de Ábrego García.
El caso de Kilmar Ábrego García representa una prueba crítica para la democracia estadounidense. La negativa del ejecutivo a acatar las decisiones judiciales plantea serias dudas sobre la separación de poderes y el respeto al Estado de derecho. Mientras tanto, una familia sigue esperando justicia y el regreso de un padre injustamente deportado.
Equipo BLUJOURNAL
