blujournalEl juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, James E. Boasberg, ha determinado que existe causa probable para iniciar procedimientos por desacato criminal contra funcionarios de la administración Trump. La acusación se centra en la violación de una orden judicial que prohibía temporalmente las deportaciones de migrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La controversia gira en torno a la deportación de más de 260 venezolanos, presuntamente afiliados a la banda criminal Tren de Aragua, quienes fueron enviados a El Salvador y detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). La administración Trump justificó estas acciones invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra que permite la expulsión de ciudadanos de naciones enemigas durante conflictos armados.
El 15 de marzo de 2025, el juez Boasberg emitió una orden judicial que bloqueaba temporalmente estas deportaciones y exigía que cualquier vuelo en curso regresara a Estados Unidos. Sin embargo, la administración permitió que los vuelos continuaran, argumentando que las órdenes verbales no eran vinculantes y que los aviones fuera del espacio aéreo estadounidense estaban fuera del alcance judicial.
Boasberg rechazó enérgicamente estas justificaciones, advirtiendo que la desobediencia deliberada de las órdenes judiciales socava la Constitución y podría llevar a una «burla solemne» del sistema legal. El juez también criticó el uso del privilegio de secretos de Estado por parte de la administración para retener información sobre los vuelos de deportación.
Además, Boasberg destacó el caso de Kilmar Ábrego García, un hombre de Maryland deportado erróneamente a El Salvador, a pesar de una orden de la Corte Suprema que prohibía su expulsión. El gobierno se ha negado a repatriarlo, lo que ha intensificado las tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial.
En respuesta a las acciones del juez, el expresidente Trump ha calificado a Boasberg como un «lunático de izquierda radical» y ha pedido su destitución. Sin embargo, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha defendido la independencia judicial, señalando que el proceso de apelación, y no la destitución, es el mecanismo adecuado para impugnar decisiones judiciales.
Este caso subraya las crecientes tensiones entre los poderes ejecutivo y judicial en Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a las políticas de inmigración y el respeto al debido proceso. La comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos observan con atención, preocupados por el uso de leyes de tiempos de guerra para justificar deportaciones masivas sin las garantías legales adecuadas.
La audiencia para determinar los próximos pasos en los procedimientos por desacato está programada para la próxima semana. Mientras tanto, los migrantes deportados permanecen detenidos en El Salvador, y sus abogados continúan luchando por su derecho a un proceso justo.
Equipo BLUJOURNAL
