En una serie de acciones recientes, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por Antonio Gracias y respaldado por el empresario Elon Musk, ha implementado políticas que afectan directamente a miles de inmigrantes en Estados Unidos. Estas medidas incluyen la cancelación de números de Seguro Social y la colaboración con agencias como el IRS para compartir información fiscal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Cancelación de números de Seguro Social
La administración ha cancelado los números de Seguro Social de aproximadamente 6,300 migrantes legales, incluyéndolos en el «archivo maestro de defunciones» y tratándolos como fallecidos. Esta acción impide que trabajen, accedan a beneficios federales, mantengan cuentas bancarias o reciban atención médica, incentivando así su «autodeportación».
Colaboración entre DOGE y otras agencias
DOGE ha ampliado su influencia dentro del sistema de inmigración de EE.UU., operando una fuerza especial de inmigración integrada en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras agencias federales. Esta fuerza está implementando políticas agresivas de inmigración, incluyendo la revocación de permisos y la revisión de procesos de asilo. Una iniciativa clave es la desactivación de números de Seguro Social de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales o vínculos con el terrorismo, con el objetivo de fomentar la «autodeportación».
Acuerdo entre el IRS y ICE
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han firmado un acuerdo que permite compartir información fiscal de inmigrantes indocumentados con ICE. Este memorando de entendimiento busca facilitar investigaciones criminales federales, especialmente en casos de inmigrantes con órdenes de deportación que no han abandonado el país. Aunque el acceso a esta información estaba previamente protegido por leyes de confidencialidad, el nuevo acuerdo permite divulgar datos bajo ciertas condiciones.
Críticas y preocupaciones
Estas medidas han generado críticas por parte de expertos y funcionarios, quienes argumentan que podrían violar la privacidad y afectar a residentes legales. Además, se teme que ciudadanos estadounidenses puedan verse afectados por errores en el sistema. Grupos defensores de inmigrantes han presentado demandas legales para detener el acuerdo entre el IRS y ICE, argumentando falta de pruebas firmes que justifiquen el carácter criminal de estas investigaciones.
Impacto en la comunidad inmigrante
Estas políticas han incrementado la incertidumbre y el temor entre migrantes y ciudadanos por su futuro bajo esta política migratoria. La cancelación de números de Seguro Social y el uso de datos fiscales para identificar y deportar inmigrantes representan un cambio significativo en la aplicación de políticas migratorias en Estados Unidos.
Mientras la administración defiende estas acciones como necesarias para la seguridad nacional y la eficiencia gubernamental, las implicaciones para los derechos civiles y la privacidad de los individuos continúan siendo motivo de debate y preocupación.
Equipo BLUJOURNAL