blujournalEn medio de la temporada fiscal de 2025, una creciente preocupación se cierne sobre la comunidad inmigrante en Estados Unidos. La posibilidad de que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comparta información fiscal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado temor entre los inmigrantes indocumentados, llevando a una disminución en la presentación de declaraciones de impuestos.
El temor a la deportación supera el deber fiscal
Tradicionalmente, el IRS ha mantenido la confidencialidad de la información fiscal, permitiendo que inmigrantes indocumentados contribuyan al sistema tributario mediante el uso de un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). Se estima que estos contribuyentes aportan entre 90,000 y 100,000 millones de dólares anuales en impuestos, a pesar de no tener acceso a muchos de los beneficios públicos que estos fondos financian.
Sin embargo, un reciente acuerdo entre el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha encendido las alarmas. Este memorando de entendimiento permitiría al ICE acceder a información fiscal para localizar a inmigrantes con órdenes de deportación pendientes. Aunque el acceso a estos datos estaba previamente protegido por leyes de confidencialidad, el nuevo acuerdo permite divulgar información bajo ciertas condiciones.
La incertidumbre sobre cómo se utilizarán estos datos ha llevado a muchos inmigrantes a abstenerse de declarar sus impuestos, temiendo que su información pueda ser utilizada en su contra. Contadores en ciudades con alta población inmigrante, como Houston, han reportado una disminución en la presentación de nuevas declaraciones.
Redadas en lugares de culto: una amenaza a la libertad religiosa
Paralelamente, la administración actual ha revocado políticas que protegían ciertos lugares, como iglesias, escuelas y hospitales, de operativos de inmigración. Esta medida ha sido recibida con preocupación por líderes religiosos y defensores de los derechos civiles, quienes argumentan que estas acciones violan la libertad de culto y siembran el miedo en comunidades vulnerables.
En respuesta, un juez federal en Maryland emitió una orden que prohíbe temporalmente a ICE realizar redadas en lugares de culto pertenecientes a comunidades cuáqueras, bautistas y sij. Sin embargo, esta protección es limitada y no se extiende a otras denominaciones o regiones.
Líderes religiosos han reportado una disminución en la asistencia a servicios religiosos, ya que muchos feligreses temen ser arrestados durante la adoración. En Houston, Texas, la asistencia a iglesias ha caído entre un 25% y 40%.
Un llamado a la acción y la protección de derechos
Organizaciones de derechos civiles y líderes comunitarios están tomando medidas para proteger a los inmigrantes y preservar sus derechos. Se han presentado demandas legales para bloquear el acuerdo entre el IRS y el ICE, argumentando que viola las protecciones legales existentes sobre la confidencialidad de la información fiscal.
Además, se están implementando campañas de información y apoyo en comunidades afectadas, con el objetivo de educar a los inmigrantes sobre sus derechos y las medidas que pueden tomar para protegerse.
En un momento en que la confianza en las instituciones se ve amenazada, es crucial que se respeten los derechos fundamentales y se promueva una política migratoria justa y humana.
Equipo BLUJOURNAL
