blujournalEn un giro sorprendente en las políticas de inmigración de Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump ha sido instruida por una orden judicial para facilitar el retorno de Kilmar Armando Abrego García, un residente de Maryland que fue deportado erróneamente a una prisión en El Salvador. Este incidente ha desatado una ola de críticas y ha puesto en tela de juicio la eficacia y justicia del sistema migratorio estadounidense.
Un error administrativo con consecuencias graves
El 15 de marzo pasado, Abrego García fue deportado a El Salvador, a pesar de una orden judicial de 2019 que le otorgaba protección contra la deportación debido a amenazas de persecución por parte de pandillas en su país natal. Funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reconocieron posteriormente que su expulsión fue resultado de un «error administrativo».
Abrego García llegó a Estados Unidos en 2011, huyendo de la violencia de las pandillas en El Salvador. Desde entonces, ha residido en Maryland con su esposa, ciudadana estadounidense, y su hijo de cinco años. Según su abogado, Abrego García no tiene antecedentes penales y ha mantenido una vida ejemplar en el país.
Acusaciones de afiliación a pandillas y disputas legales
A pesar de la falta de pruebas concretas, la administración Trump ha alegado que Abrego García tiene vínculos con la pandilla MS-13. Estas acusaciones han sido vehementemente negadas por Abrego García y su defensa. La Casa Blanca, representada por la secretaria de prensa Karoline Leavitt, afirmó que poseía pruebas de su liderazgo en actividades de tráfico humano, aunque no presentó evidencia que respaldara estas afirmaciones.
El vicepresidente JD Vance también respaldó la deportación, alegando que Abrego García había sido «condenado» por ser miembro de MS-13, a pesar de que no existía tal condena.
Intervención judicial y orden de retorno
La jueza federal Paula Xinis intervino en el caso, ordenando el 4 de abril de 2025 que la administración Trump facilitara el retorno de Abrego García a Estados Unidos antes de la medianoche del 7 de abril. En su fallo, la jueza Xinis destacó la ilegalidad de la deportación y enfatizó la obligación del gobierno de corregir su error.
A pesar de la orden judicial, la administración ha argumentado que los tribunales estadounidenses carecen de jurisdicción para ordenar el retorno de individuos que ya no están bajo custodia estadounidense. Esta postura ha sido criticada por defensores de los derechos humanos y expertos legales, quienes sostienen que tal interpretación socava el estado de derecho y la rendición de cuentas gubernamental.
Reacciones y consecuencias
La deportación errónea de Abrego García ha generado indignación tanto a nivel nacional como internacional. Su esposa, Jennifer Vasquez Sura, ha liderado protestas y campañas para su retorno, expresando su temor por la seguridad de su esposo en una prisión conocida por abusos a los derechos humanos.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que este caso es emblemático de fallos sistémicos en las políticas de inmigración de Estados Unidos, especialmente en lo que respecta al debido proceso y la protección de individuos vulnerables. Además, han resaltado preocupaciones sobre el uso de leyes antiguas, como la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, para justificar deportaciones sin el debido proceso.
El caso de Kilmar Armando Abrego García subraya las complejidades y desafíos del sistema de inmigración estadounidense. Mientras su familia y defensores esperan su retorno seguro, este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de salvaguardar los derechos y dignidad de todos los individuos, independientemente de su estatus migratorio.
Equipo BLUJOURNAL
