blujournalEl Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha tomado la decisión de suspender a más de 100 empleados, afectando significativamente a tres de sus oficinas de supervisión: la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS, la Oficina del Ombudsman de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. y la Oficina del Ombudsman de Detención de Inmigrantes. Estas oficinas eran responsables de investigar posibles violaciones de derechos, incluyendo condiciones de detención y retrasos en el procesamiento de solicitudes de residencia permanente y ciudadanía. La administración argumenta que estas oficinas han obstaculizado los esfuerzos de aplicación de la ley con demoras burocráticas.
Esta medida se enmarca en una serie de acciones más amplias por parte del presidente Donald Trump para reducir la fuerza laboral federal, a la que considera ineficiente. Además, se ha informado que numerosos trabajadores afectados están impugnando los despidos en los tribunales federales, buscando su reincorporación.
En paralelo, el gobierno de Trump ha tomado medidas agresivas para deportar a millones de migrantes, autorizando redadas en lugares como iglesias y escuelas, despidiendo juezas de cortes de migración y ordenando investigaciones contra funcionarios estatales o locales que obstruyan sus políticas migratorias. El Departamento de Justicia ha sido instruido para investigar a estos funcionarios y presentar cargos penales si es necesario. Además, se recopilarán datos biométricos de personas en situación irregular para facilitar deportaciones.
Las ciudades santuario, que incluyen grandes urbes como Nueva York y Los Ángeles, están en el punto de mira de la administración Trump. Estas ciudades no colaboran con los servicios de inmigración federales para proteger a sus residentes inmigrantes y generar confianza entre estas comunidades y las autoridades locales. Trump y su equipo han amenazado con medidas severas, incluyendo la retención de fondos federales y acciones legales, para obligar a estas ciudades a cooperar con sus políticas de inmigración y deportaciones masivas.
Estas acciones han generado preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes temen que la eliminación de estas oficinas de supervisión pueda conducir a abusos no controlados y violaciones de derechos humanos. La comunidad inmigrante y las organizaciones de derechos civiles están vigilantes y preparadas para enfrentar los desafíos que estas medidas puedan presentar.
Equipo BLUJOURNAL
