blujournalEn una decisión histórica, la Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado, con una votación de 5-4, la solicitud del presidente Donald Trump de mantener congelados cerca de 2.000 millones de dólares en ayuda exterior previamente aprobada por el Congreso. Esta resolución representa un significativo revés para la administración Trump y reafirma la separación de poderes en la gestión de los fondos federales.
Contexto de la congelación de la ayuda exterior
Desde su retorno al poder en enero de 2025, el presidente Trump ha implementado una serie de medidas destinadas a reducir el gasto gubernamental, enfocándose particularmente en la ayuda exterior. Argumentando preocupaciones de seguridad nacional y priorización de programas domésticos, la administración congeló inicialmente toda la ayuda exterior, afectando a miles de proyectos y programas en todo el mundo. Posteriormente, se llevaron a cabo recortes más selectivos, resultando en la cancelación de aproximadamente 5.800 contratos a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y 4.100 subvenciones del Departamento de Estado, totalizando casi 60.000 millones de dólares en financiamiento.
Reacciones y desafíos legales
La decisión de congelar la ayuda exterior provocó una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones humanitarias y de desarrollo argumentaron que la medida paralizaba cientos de proyectos esenciales, obligando a despedir o suspender temporalmente a miles de trabajadores y poniendo en riesgo a comunidades que dependen de esta asistencia para servicios vitales como atención médica, educación y desarrollo económico.
En respuesta, varios grupos sin fines de lucro que dependen de la financiación para la salud global y otros programas presentaron demandas legales. Argumentaron que las acciones de la administración usurpaban el poder del Congreso para controlar el gasto público y violaban leyes federales que dictan cómo las agencias deben tomar decisiones.
Intervención judicial
El juez de distrito de Estados Unidos, Amir Ali, emitió el 13 de febrero una orden de restricción temporal que bloqueaba la congelación de la ayuda y ordenaba la liberación de los pagos ya efectuados. Sin embargo, después de dos semanas de inacción por parte de la administración, Ali estableció un plazo firme para que se cumpliera con la liberación de los fondos, lo que llevó a los funcionarios de Trump a apelar la decisión.
La administración calificó el plazo de Ali de «increíblemente intrusivo y profundamente erróneo», argumentando que el congelamiento estaba siendo reemplazado por un proceso de revisión más selectivo.
Decisión de la Corte Suprema
La Corte Suprema, en una decisión dividida de 5-4, rechazó la apelación de la administración Trump, manteniendo la orden del juez Ali que exige la liberación de los fondos congelados. La mayoría, compuesta por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, la jueza Amy Coney Barrett y los tres jueces liberales, señaló que, dado que el plazo ordenado por el tribunal para desembolsar el dinero ya había expirado, los tribunales inferiores deberían «aclarar qué obligaciones debe cumplir el gobierno para garantizar el cumplimiento de la orden de restricción temporal».
En una disidencia enérgica, el juez Samuel Alito, junto con los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, criticó la decisión, calificándola como un «acto de arrogancia judicial» y argumentando que el juez Ali carecía de autoridad para ordenar los pagos.
Implicaciones y próximos pasos
La decisión de la Corte Suprema tiene amplias implicaciones para la política exterior de Estados Unidos y la separación de poderes. Obliga a la administración Trump a liberar fondos previamente aprobados por el Congreso, reafirmando el control legislativo sobre el gasto público. Además, destaca la importancia del poder judicial como árbitro en disputas entre los poderes ejecutivo y legislativo.
El juez Ali llevará a cabo una audiencia el jueves para determinar si la orden de restricción temporal debería convertirse en una medida cautelar de más largo plazo. Mientras tanto, miles de millones de dólares en ayuda están en juego, y se espera que el caso continúe en los tribunales, mientras la agenda de política exterior de Trump enfrenta una creciente resistencia.
Esta situación también ha generado incertidumbre entre los beneficiarios de la ayuda exterior de Estados Unidos, quienes dependen de estos fondos para llevar a cabo proyectos esenciales en áreas como salud, educación y desarrollo económico. La liberación oportuna de estos fondos es crucial para garantizar la continuidad de estos programas y evitar interrupciones que podrían tener consecuencias graves para las comunidades beneficiadas.
En resumen, la reciente decisión de la Corte Suprema subraya la importancia de la separación de poderes en Estados Unidos y reafirma el papel del Congreso en la asignación y control del gasto público. Mientras la administración Trump busca implementar su agenda de reducción de gastos, deberá hacerlo dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes federales, respetando las decisiones del poder legislativo y judicial.
Equipo BLUJOURNAL
