blujournalEn un fallo judicial significativo, el juez federal William Alsup, del Distrito Norte de California, ha bloqueado temporalmente los despidos masivos de empleados federales en período de prueba ordenados por la Administración Trump. Esta decisión surge en respuesta a una demanda presentada por una coalición de sindicatos y organizaciones sin fines de lucro que cuestionan la legalidad de estas acciones.
Contexto de los despidos
A principios de año, la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) emitió directivas instando a diversas agencias federales, incluido el Departamento de Defensa, a evaluar rápidamente la idoneidad de los empleados en período de prueba y proceder con su despido si se consideraba necesario. Estas directivas afectaban a aproximadamente 200,000 trabajadores en período de prueba en todo el país, de los cuales alrededor de 15,000 se encuentran en California. La Administración Trump, con el respaldo del empresario Elon Musk, argumentó que estas medidas eran parte de un esfuerzo por reducir el tamaño de la burocracia federal y garantizar que solo los empleados de alto rendimiento permanecieran en sus puestos.
Argumentos legales y fallo judicial
Los demandantes sostuvieron que la OPM carece de autoridad legal para ordenar despidos en otras agencias federales y que los despidos se basaban en evaluaciones de rendimiento no fundamentadas. El juez Alsup coincidió con estos argumentos, declarando que «la Oficina de Gestión de Personal no tiene ninguna autoridad, bajo ningún estatuto en la historia del universo, para contratar y despedir empleados dentro de otra agencia». Además, enfatizó la importancia de los empleados en período de prueba como «la savia de nuestro gobierno», destacando su papel esencial en la renovación y reinvención de las instituciones gubernamentales.
Como resultado, Alsup ordenó a la OPM rescindir las directivas emitidas y comunicar a las agencias afectadas, incluido el Departamento de Defensa, que los despidos no son válidos. Sin embargo, este fallo no implica la reincorporación automática de los empleados ya despedidos. Se ha programado una audiencia adicional para el 13 de marzo, en la cual el director interino de la OPM, Charles Ezell, deberá testificar sobre las acciones de la agencia.
Reacciones y perspectivas futuras
La decisión ha sido recibida con alivio por parte de los sindicatos y organizaciones que presentaron la demanda. Everett Kelley, presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE), calificó el fallo como «una victoria inicial importante para los estadounidenses patriotas de todo el país que fueron despedidos ilegalmente por una agencia que no tenía autoridad para hacerlo».
Por otro lado, los representantes del gobierno argumentaron que la OPM no ordenó directamente los despidos, sino que solicitó a las agencias revisar la idoneidad de sus empleados en período de prueba. La fiscal federal adjunta, Kelsey Helland, sugirió que los empleados afectados deberían recurrir a la Oficina del Asesor Especial o a la Junta de Protección de Sistemas de Mérito para impugnar su situación laboral, en lugar de buscar una orden de restricción temporal.
Este fallo representa un obstáculo significativo para los esfuerzos de la Administración Trump por reducir la fuerza laboral federal. Aunque la orden judicial es temporal, establece un precedente importante en la defensa de los derechos de los empleados federales y en la delimitación de las competencias de la OPM. La audiencia programada para el 13 de marzo será crucial para determinar el curso futuro de este conflicto legal y administrativo.
Equipo BLUJOURNAL
