blujournalEn los primeros días de enero de 2025, la administración del presidente Donald Trump ha intensificado sus políticas migratorias con la reanudación de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. El 2 de enero, Guatemala recibió cuatro vuelos procedentes de Luisiana, Texas y Arizona, transportando a 522 personas deportadas, entre ellas 341 hombres, 141 mujeres y 40 menores de edad. Estas personas fueron detenidas en la frontera estadounidense entre noviembre y diciembre de 2024.
El 24 de enero, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió imágenes de inmigrantes alineados y esposados abordando un avión militar, anunciando: «Los vuelos de deportación han comenzado». Leavitt enfatizó que aquellos que ingresen ilegalmente a Estados Unidos enfrentarán «severas consecuencias».
En una serie de redadas recientes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 538 personas en situación irregular. Entre los detenidos se encuentran un sospechoso de terrorismo, cuatro miembros de la banda criminal venezolana «Tren de Aragua» y varios condenados por delitos sexuales contra menores. Estas operaciones se llevaron a cabo en ciudades como Nueva York, Boston, Chicago y Florida, generando preocupación entre las comunidades inmigrantes y provocando críticas de algunos funcionarios locales que denuncian la falta de órdenes judiciales y posibles violaciones de derechos constitucionales.
La administración Trump ha implementado la Ley Laken Riley, que permite la detención y deportación de inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos sin necesidad de una condena previa. Esta legislación, aprobada por el Congreso de mayoría republicana, ha generado divisiones dentro del Partido Demócrata, con algunos miembros apoyando la medida y otros criticándola por la falta de financiamiento y posibles violaciones de derechos procesales.
El presidente Trump ha elogiado la eficacia de estas operaciones, afirmando que las deportaciones «están yendo bien» y cumpliendo sus promesas de campaña. Además, ha ordenado el despliegue de hasta 1.500 militares en la frontera con México para reforzar la seguridad y apoyar en las labores de deportación, incrementando en un 60% el número de fuerzas activas en la zona.
Estas acciones representan un cambio significativo en la política migratoria de Estados Unidos, marcando el inicio de una nueva fase de deportaciones masivas bajo la administración Trump. Las implicaciones de estas medidas están siendo objeto de intenso debate, tanto a nivel nacional como internacional, y se espera que continúen generando reacciones en los próximos meses.
Equipo BLUJOURNAL
