BluJournal TeamPreocupación entre demócratas y líderes militares por propuesta aún no aprobada por el Departamento de Defensa
Por Redacción BLUJOURNAL | Actualizado: 7 de junio de 2025
Washington, D.C. — El gobierno federal de Estados Unidos está considerando un plan que permitiría a la Guardia Nacional localizar y transportar a niños migrantes no acompañados que cruzan la frontera sur, una propuesta que ha generado alarma entre legisladores demócratas, funcionarios de seguridad y algunos altos mandos militares.
Según fuentes cercanas al Departamento de Defensa, la propuesta está en fase de análisis y aún no ha sido aprobada formalmente. Sin embargo, su sola existencia ha desatado un intenso debate político y ético en el Capitolio y en las filas de las fuerzas armadas.
¿Qué busca el nuevo plan migratorio?
La iniciativa tiene como objetivo apoyar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en la identificación y traslado de menores no acompañados que ingresan al país a través de la frontera con México. Las autoridades argumentan que el aumento sostenido en el número de niños migrantes ha puesto una presión extrema sobre los recursos de las agencias federales encargadas de su atención inicial.
Aunque aún se desconocen los detalles operativos, el plan incluiría el despliegue limitado de unidades de la Guardia Nacional en tareas logísticas, particularmente en zonas rurales y de difícil acceso en Texas, Arizona y Nuevo México.
Reacciones encontradas en el Congreso
Varios miembros del Congreso, especialmente del Partido Demócrata, han expresado su oposición al plan, calificándolo como un uso inapropiado de los recursos militares.
«La Guardia Nacional no debería ser utilizada para misiones que requieren formación en bienestar infantil, derechos humanos y trabajo social. Estamos hablando de menores vulnerables, no de una amenaza de seguridad nacional», declaró la senadora por California, Alex Padilla, quien lidera el Comité de Asuntos Migratorios del Senado.
Por su parte, representantes republicanos han mostrado mayor apertura a la propuesta, argumentando que se trata de una medida necesaria ante lo que califican como una crisis humanitaria persistente en la frontera.
Preocupaciones dentro del Departamento de Defensa
Fuentes internas del Pentágono señalaron que hay resistencia al plan entre oficiales superiores, quienes temen que se difuminen las líneas entre tareas militares y funciones civiles.
«Los soldados no están entrenados para tratar con niños en situaciones de trauma. Involucrar a la Guardia Nacional en estas tareas podría generar conflictos legales y éticos, además de afectar el bienestar de los menores», afirmó un funcionario bajo condición de anonimato.
Contexto migratorio en 2025
Según datos recientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 88,000 menores no acompañados fueron detenidos en la frontera sur en los primeros cinco meses de 2025, un aumento del 11% con respecto al mismo período del año anterior.
La mayoría de estos menores provienen de países como Guatemala, Honduras, El Salvador y, más recientemente, Venezuela. Muchos de ellos huyen de la violencia, la pobreza y la inestabilidad política, buscando refugio y reunificación familiar en Estados Unidos.
Organizaciones latinas y de derechos humanos alzan la voz
Organizaciones proinmigrantes como RAICES, Kids in Need of Defense (KIND) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) han condenado la propuesta. Argumentan que el uso de personal militar, incluso en tareas logísticas, puede crear un ambiente de intimidación para los menores y socavar los principios de protección infantil.
«Los niños migrantes necesitan cuidado, no botas militares ni convoyes armados», expresó Marisa Díaz, portavoz de KIND.
¿Qué sigue?
El Departamento de Defensa aún no ha emitido una decisión final. Según fuentes del Congreso, el plan deberá ser evaluado por el Consejo de Seguridad Nacional y consultado con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), entidad responsable del cuidado temporal de los menores.
Mientras tanto, los defensores de derechos humanos y representantes de la comunidad latina en EE.UU. seguirán vigilando de cerca los próximos pasos del gobierno federal.
