El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para implementar una serie de cambios significativos en el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), incluyendo la destitución de su actual junta directiva y la transferencia de la agencia al control del Departamento de Comercio. Esta medida, que podría oficializarse mediante una orden ejecutiva en los próximos días, ha generado un intenso debate sobre su legalidad y las posibles repercusiones en el servicio postal nacional.
Contexto y antecedentes
El USPS ha enfrentado desafíos financieros durante años, reportando una pérdida neta de 9.500 millones de dólares en el año fiscal 2024. Esta situación ha sido atribuida a múltiples factores, incluyendo la disminución del volumen de correo tradicional y obligaciones financieras impuestas por la Ley de Responsabilidad y Mejora Postal de 2006, que exige la prefinanciación de los beneficios de salud para jubilados. En respuesta a estos desafíos, el director general de correos, Louis DeJoy, implementó un plan de reestructuración de 10 años destinado a modernizar las operaciones y reducir costos. Sin embargo, estas iniciativas no han logrado revertir las pérdidas financieras, y DeJoy ha anunciado recientemente su intención de renunciar, instando a la junta directiva a nombrar un sucesor.
La propuesta de Trump
Según informes de The Washington Post, el presidente Trump planea emitir una orden ejecutiva que destituiría a los miembros actuales de la junta directiva del USPS y colocaría a la agencia bajo la supervisión del Departamento de Comercio. Esta acción representaría una desviación significativa de la estructura independiente que ha caracterizado al Servicio Postal desde su creación. Expertos legales han expresado dudas sobre la legalidad de esta medida, argumentando que podría contravenir leyes federales que establecen la autonomía del USPS.
Reacciones y posibles implicaciones
La propuesta ha suscitado diversas reacciones. Algunos analistas consideran que la integración del USPS al Departamento de Comercio podría permitir una gestión más eficiente y alineada con las políticas comerciales del gobierno. No obstante, críticos advierten que esta medida podría politizar el servicio postal, comprometiendo su imparcialidad y afectando negativamente a las comunidades rurales que dependen en gran medida de sus servicios.
Además, la destitución de la junta directiva y la reestructuración del USPS podrían enfrentar desafíos legales y resistencia por parte de empleados y sindicatos. La independencia del Servicio Postal está consagrada en la legislación federal, y cualquier intento de alterarla podría derivar en prolongadas batallas judiciales.
Conclusión
La intención del presidente Donald Trump de reorganizar el Servicio Postal de los Estados Unidos representa un punto de inflexión en la historia de la agencia. Mientras algunos ven en esta medida una oportunidad para revitalizar una institución en dificultades, otros la perciben como una amenaza a la integridad y autonomía de un servicio esencial. El desenlace de esta iniciativa dependerá de múltiples factores, incluyendo desafíos legales, reacciones del Congreso y la respuesta de la ciudadanía.