El 15 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchará los argumentos sobre la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que busca limitar la ciudadanía automática a los niños nacidos en suelo estadounidense cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes legales permanentes.
La orden ejecutiva, firmada por Trump el 20 de enero de 2025, ha sido bloqueada por al menos cuatro jueces federales que la consideran inconstitucional. El gobierno ha solicitado a la Corte Suprema que revise estas decisiones y permita la implementación parcial de la medida.
El caso se centra en la interpretación de la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución de EE. UU., que establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos». Este principio ha sido respaldado por precedentes judiciales, como el caso United States v. Wong Kim Ark de 1898, que confirmó la ciudadanía por nacimiento independientemente del estatus migratorio de los padres.
La administración Trump argumenta que la enmienda no se aplica a los hijos de inmigrantes ilegales o temporales, mientras que los opositores sostienen que la medida es una violación clara de la Constitución. Organizaciones de derechos civiles y fiscales generales de 22 estados han presentado demandas contra la orden ejecutiva.
El fallo de la Corte Suprema podría tener implicaciones significativas para la política migratoria y la interpretación de los derechos constitucionales en Estados Unidos.
Equipo BLUJOURNAL